La página de Dieterich
19/06/2007
Ominosa muerte de militares colombianos en Venezuela afecta relación bi-estatal
Heinz Dieterich
Rebelión
Ominosa muerte de militares colombianos en Venezuela afecta relación bi-estatal
Heinz Dieterich
Rebelión
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Un ominoso incidente en el que dos militares colombianos fueron encontrados muertos en territorio venezolano ha levantado una serie de incógnitas que hacen recordar las misteriosas circunstancias que rodearon el secuestro del "canciller" de la guerrilla colombiana FARC, Rodrigo Granda, en diciembre del 2004 en Caracas. Aquél secuestro fue realizado por oficiales colombianos, con la ayuda de elementos corruptos de algunos cuerpos de seguridad venezolanos.
Un ominoso incidente en el que dos militares colombianos fueron encontrados muertos en territorio venezolano ha levantado una serie de incógnitas que hacen recordar las misteriosas circunstancias que rodearon el secuestro del "canciller" de la guerrilla colombiana FARC, Rodrigo Granda, en diciembre del 2004 en Caracas. Aquél secuestro fue realizado por oficiales colombianos, con la ayuda de elementos corruptos de algunos cuerpos de seguridad venezolanos.
Los hechos que desataron la nueva incógnita comenzaron en la tercera semana de abril, cuando un oficial de medio rango y un suboficial del Ejército colombiano fueron encontrados muertos cerca de la frontera entre los dos Estados venezolanos Zulia y Tachira. Al conocerse el lamentable hecho de sangre, el gobierno colombiano reconoció públicamente que se trataba de oficiales del Ejército colombiano que se habían infiltrado en la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las FARC, aseguraba la declaración del gobierno de Alvaro Uribe, habían mandado a esos supuestos guerrilleros a Venezuela, con la misión de cometer atentados contra el gobierno de Hugo Chávez. Según el Palacio de Nariño, los autores de la muerte de los militares serían miembros de las FARC o de la Guardia Nacional venezolana. Hasta el momento, ni las FARC ni la Guardia Nacional se han pronunciado sobre el incidente.
El asunto tomó tintes de un conflicto entre Estados, cuando el ex vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, en su programa televisivo "José Vicente Hoy", aseveró que el Ministerio de Defensa de Colombia participaba en una conspiración contra Venezuela. Rangel acusó directamente al Ministro de Defensa colombiano, Manuel Santos, de estar involucrado en una "celada" que el gobierno colombiano ejecutaría próximamente contra Venezuela.
En voz del canciller colombiano Fernando Araujo, el gobierno colombiano rechazó la denuncia. El funcionario desestimó las acusaciones del ex vicepresidente como "absurdas" y afirmó que las declaraciones realizadas por Rangel son invenciones, imaginaciones de terceras personas, porque el Gobierno de Colombia es amigo de Venezuela.
El 27 de mayo, José Vicente Rangel volvió sobre el tema, haciendo un llamado a los funcionarios colombianos a "no ceder a las presiones que operan en la región para desestabilizarla y a valorar realmente las relaciones con Venezuela". Calificó como deplorables las respuestas emitidas por el canciller de Colombia, Fernando Araújo, y del ministro de Defensa de ese país, Juan Manuel Santos, a las denuncias formuladas por él sobre la existencia de un plan desestabilizador contra Venezuela: "Es la típica huida hacia delante a través de la retórica."
Rangel indicó que la repuesta de Araújo "omite el señalamiento concreto a la celada que se monta contra Venezuela y a la infiltración de miembros del Ejército colombiano en territorio venezolano". Se refirió al caso de la muerte del capitán y del cabo colombianos que fueron infiltrados de manera ilegal a territorio venezolano para supuestamente “perseguir a efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. «Pese a que los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y de Venezuela, Hugo Chávez Frías, suelen dialogar y hacen esfuerzos por cuidar la relación, en instancias oficiales de Colombia se suele atizar el fuego y deslizar versiones descalificadoras sobre Venezuela», apuntó Rangel y agregó que en los servicios de inteligencia de Venezuela se afirma que los fallecidos pertenecían a una importante unidad militar del Ejército colombiano para un plan desestabilizador y que sólo pueden ser autorizados a operar por el Ministerio de la Defensa de Colombia.
Información que circula en círculos diplomáticos y de seguridad y que fue recibida parcialmente por miembros del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), aporta nuevos elementos que no dejan de ser preocupantes para la relación bi-estatal. Según esta información, los militares llevaban documentos que confirman que eran parte de un comando especial del ejército colombiano infiltrado ilegalmente en Venezuela. El comando constaba de doce miembros: diez militares formados en inteligencia y dos francotiradores. Mientras los diez militares de inteligencia se conocían entre sí, no había contacto directo con los dos francotiradores. Todos estaban residenciados en la ciudad de Maracaibo, en el Estado Zulia, de Venezuela.
En voz del canciller colombiano Fernando Araujo, el gobierno colombiano rechazó la denuncia. El funcionario desestimó las acusaciones del ex vicepresidente como "absurdas" y afirmó que las declaraciones realizadas por Rangel son invenciones, imaginaciones de terceras personas, porque el Gobierno de Colombia es amigo de Venezuela.
El 27 de mayo, José Vicente Rangel volvió sobre el tema, haciendo un llamado a los funcionarios colombianos a "no ceder a las presiones que operan en la región para desestabilizarla y a valorar realmente las relaciones con Venezuela". Calificó como deplorables las respuestas emitidas por el canciller de Colombia, Fernando Araújo, y del ministro de Defensa de ese país, Juan Manuel Santos, a las denuncias formuladas por él sobre la existencia de un plan desestabilizador contra Venezuela: "Es la típica huida hacia delante a través de la retórica."
Rangel indicó que la repuesta de Araújo "omite el señalamiento concreto a la celada que se monta contra Venezuela y a la infiltración de miembros del Ejército colombiano en territorio venezolano". Se refirió al caso de la muerte del capitán y del cabo colombianos que fueron infiltrados de manera ilegal a territorio venezolano para supuestamente “perseguir a efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”. «Pese a que los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y de Venezuela, Hugo Chávez Frías, suelen dialogar y hacen esfuerzos por cuidar la relación, en instancias oficiales de Colombia se suele atizar el fuego y deslizar versiones descalificadoras sobre Venezuela», apuntó Rangel y agregó que en los servicios de inteligencia de Venezuela se afirma que los fallecidos pertenecían a una importante unidad militar del Ejército colombiano para un plan desestabilizador y que sólo pueden ser autorizados a operar por el Ministerio de la Defensa de Colombia.
Información que circula en círculos diplomáticos y de seguridad y que fue recibida parcialmente por miembros del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), aporta nuevos elementos que no dejan de ser preocupantes para la relación bi-estatal. Según esta información, los militares llevaban documentos que confirman que eran parte de un comando especial del ejército colombiano infiltrado ilegalmente en Venezuela. El comando constaba de doce miembros: diez militares formados en inteligencia y dos francotiradores. Mientras los diez militares de inteligencia se conocían entre sí, no había contacto directo con los dos francotiradores. Todos estaban residenciados en la ciudad de Maracaibo, en el Estado Zulia, de Venezuela.
Sus contactos con la Guardia Nacional venezolana, según la información, se realizaba a través del Coronel Gámez de los Grupos de Antiextorsión y Secuestro (GAES) de la Guardia Nacional, con el Coronel Brito en Caracas y con policías regionales. Su modus operandi era el que aplicaban en el secuestro de Rodrigo Granda. Por cada jefe guerrillero secuestrado en Venezuela, el Estado colombiano les pagaría 500 millones de pesos. De este dinero entregaban cien millones a quienes les proporcionaban la información necesaria para el secuestro. De ser cierta, información comprometería seriamente a las altas autoridades colombianas, porque se trataría de una nueva violación deliberada de la soberanía de Venezuela, práctica, que supuestamente se había descartada en las negociaciones entre ambos gobiernos después del secuestro de Granda.
Sin embargo, la situación sería aun peor, porque el comando, adscrito a la Primera División del Ejército colombiano, con sede en Santa Marta, respondía supuestamente en forma directa a misiones supervisadas por el Director Nacional de Inteligencia de su país. Y no se limitaba solo a tareas de inteligencia y secuestro, sino que también estaba a cargo de realizar asesinatos políticos. Tenían una lista de personas a ser ejecutadas proximamente, en la cual figuraba en un lugar destacado el Presidente alterno del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Amilkar Figueroa.
Sin embargo, la situación sería aun peor, porque el comando, adscrito a la Primera División del Ejército colombiano, con sede en Santa Marta, respondía supuestamente en forma directa a misiones supervisadas por el Director Nacional de Inteligencia de su país. Y no se limitaba solo a tareas de inteligencia y secuestro, sino que también estaba a cargo de realizar asesinatos políticos. Tenían una lista de personas a ser ejecutadas proximamente, en la cual figuraba en un lugar destacado el Presidente alterno del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Amilkar Figueroa.
¿Tendrá razón el ex vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, sobre el involucramiento activo del Ministro de Defensa colombiano, José Santos, en ese plan de desestabilización del gobierno venezolano que constituiría no solo un acto de subversión contra un país soberano amigo, sino también de alta traición al propio Presidente Alvaro Uribe?
Y si fuera así: ¿Qué medidas tomarán el gobierno de Venezuela y de Colombia para terminar con las actividades delictivas de sectores de inteligencia, policiaca y militar, que atentan contra la convivencia pacífica de los pueblos y Estados de la región?
Y si fuera así: ¿Qué medidas tomarán el gobierno de Venezuela y de Colombia para terminar con las actividades delictivas de sectores de inteligencia, policiaca y militar, que atentan contra la convivencia pacífica de los pueblos y Estados de la región?
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