Cree el gobierno que Ulises Ruiz busca desatar la represión federal
29/07/2007
El conflicto en Oaxaca es tema de Estado, y el PRI debe analizar cuál es la salida sobre su gobernador
Fabiola Martinez
La Jornada
El conflicto en Oaxaca es tema de Estado, y el PRI debe analizar cuál es la salida sobre su gobernador
Fabiola Martinez
La Jornada
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El gobierno federal no enviará soldados ni policías a Oaxaca, ni convocará a una mesa de diálogo para resolver el conflicto en aquella entidad.
Fuentes oficiales consultadas por este diario explicaron que una intervención de esa naturaleza "sería dar al gobernador (Ulises Ruiz Ortiz) una fuerza que no tiene" y, además, representaría una provocación a grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
"El problema de Oaxaca es del Estado mexicano en su conjunto, no sólo del gobierno federal y, en esa medida, corresponde hacer su parte a los legisladores y a la dirigencia del PRI, partido (del mandatario estatal) que debe analizar cuál es la salida a todo esto: la permanencia o no de Ruiz", señalaron.
En la mesa de análisis del gobierno calderonista existe un amplio abanico de razones para justificar su magra participación (oficialmente a la zaga) en el conflicto oaxaqueño, aun cuando admite que existe comunicación constante con Ruiz Ortiz y con dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En particular, los funcionarios federales aseguran que el mandatario estatal priísta pretende alentar el fortalecimiento del EPR, como alternativa para desencadenar la entrada del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva, como ocurrió en octubre de 2006.
Lo cierto es que documentos a los que tuvo acceso La Jornada dan cuenta de una solicitud formal del senador priísta Adolfo Toledo Infanzón (identificado con Ulises Ruiz) a la Secretaría de Gobernación (SG) para la liberación de 12 presuntos eperristas presos en Ixcotel, Oaxaca, quienes compurgan penas de 13 a 31 años de prisión, acusados de homicidio, terrorismo simple y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros delitos, por los hechos del 28 de agosto de 1996, cuando un comando del EPR atacó en Bahías de Huatulco.
De acuerdo con información oficial, un grupo de tres ex reclusos, una abogada y cinco parientes de los presos, encabezados por el senador Toledo, acudieron a la SG después de los recientes ataques a depósitos de Pemex.
Los hechos, reivindicados por el EPR por medio de comunicados, ocurrieron el 5 y el 10 de julio, y la reunión, de acuerdo con funcionarios federales, se realizó después de los sucesos. El parte informativo del citado encuentro fue redactado con fecha del pasado 21 de julio.
La intención del legislador oaxaqueño, ex director de la Comisión de Planeación y Desarrollo del gobierno estatal, fue solicitar, además de la liberación de presos, la obtención de apoyos para proyectos productivos en las comunidades de los presuntos eperristas.
También fue entregada una relación con la situación jurídica de éstos -escrita con máquina mecánica- con fecha 2 de julio, aunque las fuentes consultadas revelaron que el senador Toledo tiene especial interés en que salgan de prisión los sentenciados por los hechos del 28 de agosto de 1996, en los que murieron 12 personas, entre policías, marinos, civiles y "guerrilleros".
En el contexto anterior, las fuentes advirtieron que el conflicto en Oaxaca "no deja de ser grave, pero llama la atención que personajes tan cercanos al gobernador Ruiz realicen esas gestiones, cuando está demostrado que se trata de eperristas".
El gobierno federal no enviará soldados ni policías a Oaxaca, ni convocará a una mesa de diálogo para resolver el conflicto en aquella entidad.
Fuentes oficiales consultadas por este diario explicaron que una intervención de esa naturaleza "sería dar al gobernador (Ulises Ruiz Ortiz) una fuerza que no tiene" y, además, representaría una provocación a grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
"El problema de Oaxaca es del Estado mexicano en su conjunto, no sólo del gobierno federal y, en esa medida, corresponde hacer su parte a los legisladores y a la dirigencia del PRI, partido (del mandatario estatal) que debe analizar cuál es la salida a todo esto: la permanencia o no de Ruiz", señalaron.
En la mesa de análisis del gobierno calderonista existe un amplio abanico de razones para justificar su magra participación (oficialmente a la zaga) en el conflicto oaxaqueño, aun cuando admite que existe comunicación constante con Ruiz Ortiz y con dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
En particular, los funcionarios federales aseguran que el mandatario estatal priísta pretende alentar el fortalecimiento del EPR, como alternativa para desencadenar la entrada del Ejército Mexicano y de la Policía Federal Preventiva, como ocurrió en octubre de 2006.
Lo cierto es que documentos a los que tuvo acceso La Jornada dan cuenta de una solicitud formal del senador priísta Adolfo Toledo Infanzón (identificado con Ulises Ruiz) a la Secretaría de Gobernación (SG) para la liberación de 12 presuntos eperristas presos en Ixcotel, Oaxaca, quienes compurgan penas de 13 a 31 años de prisión, acusados de homicidio, terrorismo simple y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros delitos, por los hechos del 28 de agosto de 1996, cuando un comando del EPR atacó en Bahías de Huatulco.
De acuerdo con información oficial, un grupo de tres ex reclusos, una abogada y cinco parientes de los presos, encabezados por el senador Toledo, acudieron a la SG después de los recientes ataques a depósitos de Pemex.
Los hechos, reivindicados por el EPR por medio de comunicados, ocurrieron el 5 y el 10 de julio, y la reunión, de acuerdo con funcionarios federales, se realizó después de los sucesos. El parte informativo del citado encuentro fue redactado con fecha del pasado 21 de julio.
La intención del legislador oaxaqueño, ex director de la Comisión de Planeación y Desarrollo del gobierno estatal, fue solicitar, además de la liberación de presos, la obtención de apoyos para proyectos productivos en las comunidades de los presuntos eperristas.
También fue entregada una relación con la situación jurídica de éstos -escrita con máquina mecánica- con fecha 2 de julio, aunque las fuentes consultadas revelaron que el senador Toledo tiene especial interés en que salgan de prisión los sentenciados por los hechos del 28 de agosto de 1996, en los que murieron 12 personas, entre policías, marinos, civiles y "guerrilleros".
En el contexto anterior, las fuentes advirtieron que el conflicto en Oaxaca "no deja de ser grave, pero llama la atención que personajes tan cercanos al gobernador Ruiz realicen esas gestiones, cuando está demostrado que se trata de eperristas".
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