Varias organizaciones demandan a la multinacional Chiquita Brands por financiar a los paramilitares colombianos
21/07/2007
La consideran cómplice de asesinatos, torturas, terrorismo y violaciones de los derechos humanos
La consideran cómplice de asesinatos, torturas, terrorismo y violaciones de los derechos humanos
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Varias organizaciones presentaron ayer en la Corte Federal de Nueva Jersey (EE UU) una demanda contra la multinacional Chiquita Brands, a la que acusan de haber apoyado económicamente a un grupo de paramilitares en Colombia.
En la demanda colectiva se formulan 16 cargos contra la multinacional agroalimentaria, a la que consideran cómplice en los casos de asesinatos, torturas, terrorismo y violaciones de los derechos humanos cometidos por la organización paramilitar Autodefenserias Unidas de Colombia (AUC).
“En Colombia no se exige responsabilidad a los cómplices económicos de los paramilitares. Existe una total impunidad. Por eso hemos presentado la demanda en EE UU, donde sí existe el concepto de responsabilidad legal”, dijo en conferencia telefónica Arturo Carrillo, del Colombian Institute of Internatonal Law, una de las entidades demandantes.
Junto a este instituto, firman la demanda la organización Earth Right Internacional (ERI), en representación de varias familias colombianas víctimas de los abusos de las AUC, y dos bufetes estadounidenses muy activos en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos por parte de multinacionales, Judith Brown Chomsky y Schonbrun, Desimone, Seplow, Harris & Hoffman.
A través de esta demanda colectiva, las organizaciones acusan a Chiquita Brands de “financiar y armar a conocidas organizaciones terroristas en Colombia con el objeto de mantener su control provechoso sobre las regiones bananera del país”.
Esto supuestamente ocurrió desde mediados de los años noventa hasta 2004, cuando comenzó el proceso de desmovilización de paramilitares en el país y muchos de los antiguos líderes de esas organizaciones armadas comenzaron a desvelar a la justicia la existencia de pagos realizados por la multinacional, según dijo Carrillo.
Esos pagos, según la demanda, fueron “revisados y aprobados por altos ejecutivos de la corporación, y dieron como resultado el asesinato selectivo de miles de personas en Colombia, entre ellos sindicalistas, trabajadores del sector del banano y políticos”.
“Con el objeto de promover sus negocios, Chiquita canalizó dinero y armas a un grupo terrorista que asesinó a miles de personas y transportó cantidades desconocidas de cocaína a Estados Unidos”, explicó Marco Simons, director legal de ERI.
La organización recordó que ya en marzo de este año, Chiquita se declaró culpable ante un tribunal de Washington DC, de cargos criminales por haber hecho más de 100 pagos a las AUC por un importe de 1,7 millones de dólares.
Dado que las AUC fueron declaradas “organización terrorista” por el Gobierno estadounidense, Chiquita fue condenada a pagar una multa de 25 millones de dólares.
Por el momento, ningún portavoz de la compañía ha dado a conocer su opinión sobre la demanda colectiva presentada ayer.
Varias organizaciones presentaron ayer en la Corte Federal de Nueva Jersey (EE UU) una demanda contra la multinacional Chiquita Brands, a la que acusan de haber apoyado económicamente a un grupo de paramilitares en Colombia.
En la demanda colectiva se formulan 16 cargos contra la multinacional agroalimentaria, a la que consideran cómplice en los casos de asesinatos, torturas, terrorismo y violaciones de los derechos humanos cometidos por la organización paramilitar Autodefenserias Unidas de Colombia (AUC).
“En Colombia no se exige responsabilidad a los cómplices económicos de los paramilitares. Existe una total impunidad. Por eso hemos presentado la demanda en EE UU, donde sí existe el concepto de responsabilidad legal”, dijo en conferencia telefónica Arturo Carrillo, del Colombian Institute of Internatonal Law, una de las entidades demandantes.
Junto a este instituto, firman la demanda la organización Earth Right Internacional (ERI), en representación de varias familias colombianas víctimas de los abusos de las AUC, y dos bufetes estadounidenses muy activos en la denuncia de las violaciones de los derechos humanos por parte de multinacionales, Judith Brown Chomsky y Schonbrun, Desimone, Seplow, Harris & Hoffman.
A través de esta demanda colectiva, las organizaciones acusan a Chiquita Brands de “financiar y armar a conocidas organizaciones terroristas en Colombia con el objeto de mantener su control provechoso sobre las regiones bananera del país”.
Esto supuestamente ocurrió desde mediados de los años noventa hasta 2004, cuando comenzó el proceso de desmovilización de paramilitares en el país y muchos de los antiguos líderes de esas organizaciones armadas comenzaron a desvelar a la justicia la existencia de pagos realizados por la multinacional, según dijo Carrillo.
Esos pagos, según la demanda, fueron “revisados y aprobados por altos ejecutivos de la corporación, y dieron como resultado el asesinato selectivo de miles de personas en Colombia, entre ellos sindicalistas, trabajadores del sector del banano y políticos”.
“Con el objeto de promover sus negocios, Chiquita canalizó dinero y armas a un grupo terrorista que asesinó a miles de personas y transportó cantidades desconocidas de cocaína a Estados Unidos”, explicó Marco Simons, director legal de ERI.
La organización recordó que ya en marzo de este año, Chiquita se declaró culpable ante un tribunal de Washington DC, de cargos criminales por haber hecho más de 100 pagos a las AUC por un importe de 1,7 millones de dólares.
Dado que las AUC fueron declaradas “organización terrorista” por el Gobierno estadounidense, Chiquita fue condenada a pagar una multa de 25 millones de dólares.
Por el momento, ningún portavoz de la compañía ha dado a conocer su opinión sobre la demanda colectiva presentada ayer.
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