Justicia de Brasil admite denuncias en megaescándalo de la era Lula
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) aceptó el viernes en sus primeros veredictos juzgar las denuncias contra trece de los 40 acusados de integrar un esquema de compra de apoyo político destinado a perpetuar en el poder al Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) del presidente Luiz Inacio Lula da Silva
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Ese esquema habría sido ideado por José Dirceu, ministro jefe del gobierno de Lula desde 2003 hasta junio de 2005, cuando debió renunciar por las primeras denuncias de que el PT pagaba "mensualidades" de miles de dólares a decenas de diputados para asegurarse sus votos en el Congreso.
En una sesión aún en curso, el acusado de mayor relevancia política es por el momento Luiz Gushiken, ex ministro de Comunicación, de 56 años, del círculo íntimo de Lula, que fue desbaratado por ese escándalo que amenazó al propio jefe de estado, aunque finalmente no se hallaran pruebas en su contra.
Gushiken deberá responder a la acusación de peculado por haber ordenado anticipar el pago de 73 millones de reales (unos 37 millones de dólares) del estatal Banco do Brasil a una empresa del publicitario Marcos Valerio.
El entonces jefe de márketing del Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, al igual que Valerio y dos de sus socios (Ramóm Hollenbarch y Cristiano Paz), fueron inculpados en la misma causa.
El tribunal desestimó en cambio por falta de indicios el pedido de incluir en ese caso a Dirceu y a tres altos dirigentes del PT, sobre quienes pesan otras denuncias que deben ser analizadas entre este viernes y los primeros días de la semana próxima.
El PT recibió un golpe con la admisión de la denuncia de corrupción pasiva contra el ex presidente de la Cámara de Diputados Joao Paulo Cunha, por haber aceptado 50.000 reales para favorecer a una empresa de Valerio en una licitación de esa institución legislativa.
Cunha también fue acusado de peculado, por presunto desvío en provecho propio de 252.000 reales (126.000 dólares), a través de la contratación de una asesoría de comunicación por servicios que nunca fueron prestados.
El STF también dio cauce a las denuncias de "gestión fraudulenta" contra la presidenta del Banco Rural, Katia Rabelo, y tres directores de esa institución (José Salgado, Ayanna Tenorio y Vinicius Samarane), que hizo varios préstamos al PT y a las empresas de Valerio.
En una causa titulada "lavado de dinero", se inculpa a otras dos socias de Valerio (Simone Vasconcelos y Geuza Dias) y al abogado del publicista, Rogerio Tolentino.
Las acusaciones, presentadas en marzo de 2006 por el Procurador General, Antonio Fernando de Souza, sostienen que Dirceu lideraba una "organización criminal" que funcionaba en tres niveles: político partidario, publicitario y financiero.
El STF debe analizar otras denuncias, sobre formación de banda, lavado de dinero y corrupción, que involucra a un varios líderes del PT y de partidos aliados.
La cuestión de las "mensualidades" vuelve así a la actualidad y puede contrariar el deseo del PT de aprovechar su III Congreso, la semana prróxima en Sao Paulo, para dar vuelta la página de un escándalo que lo sumió en la peor crisis de sus 27 años de vida y lo despojó de su histórica bandera de lucha contra la corrupción.
La relativa celeridad con la cual el STF llegó a esta fase del proceso sorprendió a los analistas, dada la tradicional morosidad de la máxima instancia judicial de Brasil.
Entre 1988 y 2007, esa corte recibió 130 procesos contra funcionarios y políticos que tenían fuero privilegiado, juzgó apenas seis y nunca condenó a ninguno, de acuerdo con la Asociación de Magistrados de Brasil.
"Tal vez los tiempos estén cambiando. Este es un caso paradigmático, y esperamos que marque un cambio de tendencia", dijo a la AFP el director de la ONG Transparencia Brasil, Claudio Abramo.
Abramo espera que el cambio de mentalidad llegue al conjunto de la clase política.
"Todos los grandes partidos brasileños, oficialistas u opositores, acogen en su seno a personas acusadas de algún crimen o multados por favorecer a empresas e instituciones. Calculamos que hay un tercio de miembros del Congreso y de las Asambleas legislativas en esas situaciones", afirmó./js/gm/elg
Ese esquema habría sido ideado por José Dirceu, ministro jefe del gobierno de Lula desde 2003 hasta junio de 2005, cuando debió renunciar por las primeras denuncias de que el PT pagaba "mensualidades" de miles de dólares a decenas de diputados para asegurarse sus votos en el Congreso.
En una sesión aún en curso, el acusado de mayor relevancia política es por el momento Luiz Gushiken, ex ministro de Comunicación, de 56 años, del círculo íntimo de Lula, que fue desbaratado por ese escándalo que amenazó al propio jefe de estado, aunque finalmente no se hallaran pruebas en su contra.
Gushiken deberá responder a la acusación de peculado por haber ordenado anticipar el pago de 73 millones de reales (unos 37 millones de dólares) del estatal Banco do Brasil a una empresa del publicitario Marcos Valerio.
El entonces jefe de márketing del Banco do Brasil, Henrique Pizzolato, al igual que Valerio y dos de sus socios (Ramóm Hollenbarch y Cristiano Paz), fueron inculpados en la misma causa.
El tribunal desestimó en cambio por falta de indicios el pedido de incluir en ese caso a Dirceu y a tres altos dirigentes del PT, sobre quienes pesan otras denuncias que deben ser analizadas entre este viernes y los primeros días de la semana próxima.
El PT recibió un golpe con la admisión de la denuncia de corrupción pasiva contra el ex presidente de la Cámara de Diputados Joao Paulo Cunha, por haber aceptado 50.000 reales para favorecer a una empresa de Valerio en una licitación de esa institución legislativa.
Cunha también fue acusado de peculado, por presunto desvío en provecho propio de 252.000 reales (126.000 dólares), a través de la contratación de una asesoría de comunicación por servicios que nunca fueron prestados.
El STF también dio cauce a las denuncias de "gestión fraudulenta" contra la presidenta del Banco Rural, Katia Rabelo, y tres directores de esa institución (José Salgado, Ayanna Tenorio y Vinicius Samarane), que hizo varios préstamos al PT y a las empresas de Valerio.
En una causa titulada "lavado de dinero", se inculpa a otras dos socias de Valerio (Simone Vasconcelos y Geuza Dias) y al abogado del publicista, Rogerio Tolentino.
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Univisión - USA/25/08/2007
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