El Plan México, una nueva cortina de humo

Javier Sicilia

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Distrito Federal— La iniciativa estadounidense de enviarnos, bajo el nombre de Plan México o, como ha sido rebautizado, Plan Mérida, un paquete de cooperación en seguridad de mil 400 millones de dólares, se suma a la campaña antinarco en que la debilidad del gobierno de Felipe Calderón ha basado lo más fuerte de su política.En apariencia, y gracias a las campañas mediáticas que exaltan el crimen –no hay día en que no tengamos una buena dosis de asaltos, balaceras, violaciones, secuestros, descabezados y más linduras– y la necesidad de un Ejército y una policía que demandan día con día más recursos para su actividad, la política de seguridad pública calderonista parece fundamental. No importa que la policía y el crimen crezcan a la par –el productor y el cliente se necesitan como el agua a la sed, y aún no hemos aceptado que estas dos realidades aparentemente antagónicas se refuerzan mutuamente produciendo un mayor crecimiento delictivo–; no importa que la inversión en seguridad sea, por lo mismo, absolutamente contraproductiva, que la falta de trabajo cunda por todas partes y los salarios de los escasos empleos existentes sean tan miserables como en la peor época del nacimiento del capitalismo; no importa que la cultura y la educación se miserabilicen sacrificando sus recursos en aras de la seguridad. En el espectro mediático, donde la propaganda es creadora de todo, la prioridad es la necesidad de seguridad.Sin embargo, ésta, desde que Calderón lanzó su política antinarco, oculta una realidad perversa: la debilidad de un gobierno que frente a las movilizaciones sociales, fruto del despojo y del empecinamiento político de someter a México a los controles del mercado global y de los intereses trasnacionales, sólo puede gobernar con el silencioso desmantelamiento de la disidencia y mediante el control, a través del miedo, de las movilizaciones sociales. Detrás de la cortina de humo de la violencia de Estado contra el crimen organizado –que la administración de Bush quiere hacer más espesa con los mil 400 millones de dólares de su paquete de cooperación–, lo que en realidad se oculta, no es sólo la pérdida de la soberanía nacional, sino el fortalecimiento de un Estado militar con rostro civil, de un totalitarismo disfrazado de bondades de seguridad, de un brutal y maquillado control político en beneficio de los grandes capitales y de la nueva colonización: la del mercado y sus poderes.Las razones no están en los medios –cuya tarea fundamental parece ser la de publicitar el crimen y las demandas de seguridad–, sino en lo que esa cortina de humo oculta y sobre la que los medios hablan poco.Más allá de la nota roja y del incremento del narcotráfico y de los aparatos de seguridad del Estado, hay un gran crecimiento de los movimientos sociales, de la guerrilla, de las luchas indias y de los cada vez más excluidos del orden económico. Sobre ellos –como lo pudimos ver con la represión de Atenco y de la APPO en Oaxaca, donde la mayoría de los medios y el gobierno criminalizaron a sus líderes–, el Ejército, la policía y el aparato judicial trabajan silenciosamente encubiertos bajo los golpes mediáticos que le ofrecen las balaceras y la crueldad del narcotráfico.Para muestra basta lo que el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) realiza desde 2002 en las zonas de Chiapas y Tabasco. En sus estudios se advierte cómo en los últimos meses 79 campamentos militares –59 de ellos en el territorio indígena de Chiapas–, en estrecha relación con las unidades militares de élite del Campo Militar Número 1, han arreciado la ofensiva del Estado mexicano contra las resistencias indias mediante despojo de tierras, desalojo forzoso y fabricación de delitos. ¿Cuántas de ese tipo de acciones militares y policiacas, que no aparecen en los medios, se realizan en todas partes del territorio nacional bajo la cortina de humo del combate antinarco?De aprobarse el paquete estadounidense del Plan México, esta actividad en la que parece basarse la política de Calderón se hará más profunda, so pretexto de que se persigue a narcotraficantes y a terroristas –recordemos cómo en sexenios pasados se fabricaron delitos de narcotráfico a Montiel y a Cabrera por defender la sierra de Petatlán, en Guerrero, y cómo recientemente disidentes políticos de todo tipo han enfrentado cargos fabricados de terrorismo. En la actualidad hay 169 activistas presos con ese tipo de cargos (La Jornada, 28/10/07).En el Libro de los muertos, recordaba Albert Camus, se lee que el egipcio justo, para merecer el perdón, debía poder decir: “A nadie he producido miedo”. Si la Cámara no rechaza el Plan México y no logra desmantelar la política bélica de Calderón y de Bush en México, el día del Juicio Final buscaremos en vano a la mayoría de nuestros políticos en la fila de los bienaventurados.Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

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Diario Digital Juárez - Mexico/04/11/2007