La política sucia de EE.UU. contra Argentina
Caso Antonini, una operación de la inteligencia estadounidense, que perfora jueces, fiscales, tribunales y medios de comunicación. Ninguna novedad. Argentina, Venezuela y el Mercosur en la mira...
“El caso de Antonini Wilson pinta bien la lógica del sistema norteamericano: el hombre pasó de ser un sospechoso de lavado, contrabando o evasión, atrapado con una valija de 800 mil dólares al intentar entrar a Argentina, a convertirse –para el Departamento de Justicia de Estados Unidos– en una víctima perseguida por agentes encubiertos venezolanos que son, nada menos, que sus viejos amigos y socios en negocios diversos por años. Todavía es un misterio si Antonini es ahora un testigo protegido, un colaborador del FBI o la CIA y desde cuándo. La realidad es que él está libre y sus amigos presos”. Fina observación de la periodista Irina Hauser, del diario local Página 12. Sin embargo, sería útil resaltar que ese tipo operaciones -consecuencia de la profunda perforación del Ejecutivo y sus agencias de inteligencia en las redes de la Justicia y de los medios de comunicación- tiene larga data y se inscribe en el trazado mismo de la política exterior estadounidense. Un abogado de Washington, graduado en la Universidad de Georgetown, viene advirtiendo desde hace años que la Justicia de su país no es independiente, que viola sistemáticamente el orden constitucional y que está en manos de las decisiones de estrategia política adoptadas por la Casa Blanca. Se trata de José Pertierra, representante de Venezuela en el caso del terrorista Luís Posada Carriles, un protegido de la administración de George W. Bush. Para muestra sólo basta un botón, aunque los lectores y lectoras podrán tener mucho más si siguen el caso antes mencionado y el de los cinco cubanos injustamente presos en Estados Unidos desde hace casi una década, pues la matriz ideológica y metodológica que expresan esos expedientes judiciales es la misma que se registra ahora, en el intento de usar al venezolano Guido Antonini Wilson contra los gobiernos de Argentina, Venezuela y, por elevación, contra todo el complejo proceso de integración regional. Hace pocos meses, al abogado Pertierra dijo: el gobierno de Estados Unidos manipuló al tribunal en el caso del connotado terrorista Luis Posada Carriles, al liberarlo de cargos por fraude migratorio. Pertierra comentó asimismo que la jueza que dio a conocer el veredicto expresó en su fallo que el gobierno manipuló al sistema judicial y dejó claro que le corresponde a la Casa Blanca encausarlo como terrorista y no a los tribunales. En esa misma oportunidad, y en declaraciones formuladas desde Washington, el abogado que representa a Venezuela en el pedido de extradición de Posada Carriles citó palabras de la jueza en las que afirma que ella no va a tolerar la conducta del gobierno de Estados Unidos, aunque Posada Carriles sea “una papa caliente política”. Reiteró Pertierra que la jueza está “muy molesta con el gobierno porque la han manipulado a ella y al sistema jurídico desde el principio”, y agregó que la decisión de retirar los cargos al autor confeso de la voladura de un avión civil cubano en 1976 que causó la muerte de 73 personas, “es consistente con lo que ha dicho Venezuela desde el primer momento: este individuo no debería ser encausado simplemente por mentiroso, sino por asesino y terrorista”. Consideró que la jueza comprendió que desde un inicio el gobierno manipuló el caso, propició una entrevista de naturalización a un individuo, sabiendo que nunca calificaría por sus antecedentes terroristas, a fin de que mintiera, y esa manipulación, ella, no la iba a tolerar. La jueza en cuestión es Kathleen Cardone, de El Paso (Texas), quien juzgó al terrorista como mentiroso y emitió su dictamen el 6 de abril de 2007, en el que reconoció que "la decisión de certificar o no a un individuo como terrorista está dentro de la potestad de la Casa Blanca, no de este tribunal". La jueza Cardone llamó la atención sobre "la mala conducta del gobierno", que quiso quitarse de encima el caso Posada Carriles, "una papa caliente política". Las comillas de este párrafo pertenecen al escrito oficial de la magistrada. El caso de los cinco cubanos presos en Estados Unidos aporta otros datos de significado relevante: la Justicia los mantiene en arbitraría e ilegal detención pese a que, como lo señalara un propio fiscal en la etapa primaria de la causa, no hay prueba alguna que permita procesarlos por los cargos de espionaje que se les imputa. Se podría enumerar una larga lista de ejemplos sobre la falta de independencia del poder judicial de Estados Unidos pero esta nota sería interminable. Sólo basta leer la magnífica novela de Gore Vidal, “Imperio”, para constatar como desde los orígenes mismos de su carácter hegemónico, en ese país las decisiones judiciales operan en función de los trazados políticos estratégicos, con la complicidad de los grandes medios de comunicación. En un mismo sentido, se podría también leer el libro “JFK” de Jim Garrison, quien fuera fiscal de distrito cuando asesinaron el al presidente John F. Kennedy. Se trata de un detallado análisis de la manipulación política que sufrió la Justicia estadounidense, nada menos que en un caso de magnicidio, por cierto nunca esclarecido. Es por todo eso que el sistema procesal de Estados Unidos permite los vericuetos que tanto llamaron la atención de la periodista argentina citada en el primer párrafo de esta nota. Sigamos con lo que cuenta la misma colega en un artículo publicado el domingo último en Buenos Aires. “La portavoz del FBI, Judy Orihuela, admitió que no está habilitada para especificar que herramientas se utilizan en las pesquisas. Pero en estas tierras nadie se sorprende de las escuchas subrepticias, ni de los interrogatorios apremiantes a familiares de los implicados. Recién por estos días está dejando de ser percibido como natural el uso de la tortura para la obtención de información, cuyos límites comenzó a señalar el Congreso. Los fiscales norteamericanos son elegidos por el Poder Ejecutivo, del que dependen, y pueden ser removidos por él. Esto, en cierto modo, relativiza la teoría que pretende separar el plano legal del político en este asunto”. Una de los elementos que la Secretaría de Justicia de Estados Unidos utilizó para montar su campaña contra el gobierno argentino es el testimonio del agente del FBI Michael Lasiewicki: afirmó que el 27 de agosto pasado, los socios de Antonini Wilson advirtieron a éste que los 800 mil dólares que ingresó ilegalmente a Argentina iban destinados a financiar la actividad electoral de la ahora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dando por sentado que ese dinero era enviado por las autoridades de Venezuela. En esa oportunidad, Lasiewicki sostuvo que en el encuentro del 27 de agosto también participó un argentino no identificado, afirmación sobre la cual la corporación mediática local, en manos de los sectores más reaccionarios del país, elaboraron una verdadera andanada de falsedades y tergiversaciones contra la presidenta Fernández de Kirchner y el gobierno venezolano. Sin embargo, el ex camarista Guillermo Ledesma –uno de los jueces que en la década del ´80 condenó a los dictadores argentinos- y actual abogado de Antonini, irrumpió el pasado fin de semana. Dijo haber sido él el argentino desconocido en la cita y negó que en ese encuentro se haya dicho lo que el agente Lasiewicki consignó en su declaración. La intervención de Ledesma destruye la medula argumental de la operación montada entre la fiscalía y el FBI, ordenada por la administración Bush a través de su Secretaría de Justicia. Por supuesto, que los grandes medios periodísticos de este país tratan de que la irrupción de Ledesma pase inadvertida y los diarios Perfil, La Nación, como así también los pertenecientes al Grupo Clarín –en prensa escrita, radial y televisiva-, entre otros, consumen ríos de tintas y horas enteras de pantallas y micrófonos para insistir en la supuesta Justicia independiente de estados Unidos y confabular contra el gobierno argentino. Del lado de la política vernácula, los sectores más reaccionarios de la derecha se unen en bloque para sumarse a la operación del gobierno estadounidense, en una actitud que, en otro contexto, se ubicaría en las puertas de una proclama golpista. Al gobierno argentino en tanto le resta impulsar la investigación judicial abierta tras el descubrimiento, a mediados de este año, del empresario Antonini Wilson en un intento de ingresar al país 800. 000 dólares no declarados, tras arribar a Buenos Aires en un avión fletado por el gobierno nacional y en el cual viajaban altos funcionarios de éste y de la petrolera venezolana PDVSA. Además sería saludable que políticos y gobernantes que enfrentan o pretenden enfrentar las políticas hegemónicas estadounidenses limpien sus entornos de funcionarios corruptos, para evitar así hacerles el caldo gordo o facilitar la estrategia de Estados Unidos y sus aliados domésticos, que consiste en montar operaciones contra la estabilidad constitucional de nuestros países.
“El caso de Antonini Wilson pinta bien la lógica del sistema norteamericano: el hombre pasó de ser un sospechoso de lavado, contrabando o evasión, atrapado con una valija de 800 mil dólares al intentar entrar a Argentina, a convertirse –para el Departamento de Justicia de Estados Unidos– en una víctima perseguida por agentes encubiertos venezolanos que son, nada menos, que sus viejos amigos y socios en negocios diversos por años. Todavía es un misterio si Antonini es ahora un testigo protegido, un colaborador del FBI o la CIA y desde cuándo. La realidad es que él está libre y sus amigos presos”. Fina observación de la periodista Irina Hauser, del diario local Página 12. Sin embargo, sería útil resaltar que ese tipo operaciones -consecuencia de la profunda perforación del Ejecutivo y sus agencias de inteligencia en las redes de la Justicia y de los medios de comunicación- tiene larga data y se inscribe en el trazado mismo de la política exterior estadounidense. Un abogado de Washington, graduado en la Universidad de Georgetown, viene advirtiendo desde hace años que la Justicia de su país no es independiente, que viola sistemáticamente el orden constitucional y que está en manos de las decisiones de estrategia política adoptadas por la Casa Blanca. Se trata de José Pertierra, representante de Venezuela en el caso del terrorista Luís Posada Carriles, un protegido de la administración de George W. Bush. Para muestra sólo basta un botón, aunque los lectores y lectoras podrán tener mucho más si siguen el caso antes mencionado y el de los cinco cubanos injustamente presos en Estados Unidos desde hace casi una década, pues la matriz ideológica y metodológica que expresan esos expedientes judiciales es la misma que se registra ahora, en el intento de usar al venezolano Guido Antonini Wilson contra los gobiernos de Argentina, Venezuela y, por elevación, contra todo el complejo proceso de integración regional. Hace pocos meses, al abogado Pertierra dijo: el gobierno de Estados Unidos manipuló al tribunal en el caso del connotado terrorista Luis Posada Carriles, al liberarlo de cargos por fraude migratorio. Pertierra comentó asimismo que la jueza que dio a conocer el veredicto expresó en su fallo que el gobierno manipuló al sistema judicial y dejó claro que le corresponde a la Casa Blanca encausarlo como terrorista y no a los tribunales. En esa misma oportunidad, y en declaraciones formuladas desde Washington, el abogado que representa a Venezuela en el pedido de extradición de Posada Carriles citó palabras de la jueza en las que afirma que ella no va a tolerar la conducta del gobierno de Estados Unidos, aunque Posada Carriles sea “una papa caliente política”. Reiteró Pertierra que la jueza está “muy molesta con el gobierno porque la han manipulado a ella y al sistema jurídico desde el principio”, y agregó que la decisión de retirar los cargos al autor confeso de la voladura de un avión civil cubano en 1976 que causó la muerte de 73 personas, “es consistente con lo que ha dicho Venezuela desde el primer momento: este individuo no debería ser encausado simplemente por mentiroso, sino por asesino y terrorista”. Consideró que la jueza comprendió que desde un inicio el gobierno manipuló el caso, propició una entrevista de naturalización a un individuo, sabiendo que nunca calificaría por sus antecedentes terroristas, a fin de que mintiera, y esa manipulación, ella, no la iba a tolerar. La jueza en cuestión es Kathleen Cardone, de El Paso (Texas), quien juzgó al terrorista como mentiroso y emitió su dictamen el 6 de abril de 2007, en el que reconoció que "la decisión de certificar o no a un individuo como terrorista está dentro de la potestad de la Casa Blanca, no de este tribunal". La jueza Cardone llamó la atención sobre "la mala conducta del gobierno", que quiso quitarse de encima el caso Posada Carriles, "una papa caliente política". Las comillas de este párrafo pertenecen al escrito oficial de la magistrada. El caso de los cinco cubanos presos en Estados Unidos aporta otros datos de significado relevante: la Justicia los mantiene en arbitraría e ilegal detención pese a que, como lo señalara un propio fiscal en la etapa primaria de la causa, no hay prueba alguna que permita procesarlos por los cargos de espionaje que se les imputa. Se podría enumerar una larga lista de ejemplos sobre la falta de independencia del poder judicial de Estados Unidos pero esta nota sería interminable. Sólo basta leer la magnífica novela de Gore Vidal, “Imperio”, para constatar como desde los orígenes mismos de su carácter hegemónico, en ese país las decisiones judiciales operan en función de los trazados políticos estratégicos, con la complicidad de los grandes medios de comunicación. En un mismo sentido, se podría también leer el libro “JFK” de Jim Garrison, quien fuera fiscal de distrito cuando asesinaron el al presidente John F. Kennedy. Se trata de un detallado análisis de la manipulación política que sufrió la Justicia estadounidense, nada menos que en un caso de magnicidio, por cierto nunca esclarecido. Es por todo eso que el sistema procesal de Estados Unidos permite los vericuetos que tanto llamaron la atención de la periodista argentina citada en el primer párrafo de esta nota. Sigamos con lo que cuenta la misma colega en un artículo publicado el domingo último en Buenos Aires. “La portavoz del FBI, Judy Orihuela, admitió que no está habilitada para especificar que herramientas se utilizan en las pesquisas. Pero en estas tierras nadie se sorprende de las escuchas subrepticias, ni de los interrogatorios apremiantes a familiares de los implicados. Recién por estos días está dejando de ser percibido como natural el uso de la tortura para la obtención de información, cuyos límites comenzó a señalar el Congreso. Los fiscales norteamericanos son elegidos por el Poder Ejecutivo, del que dependen, y pueden ser removidos por él. Esto, en cierto modo, relativiza la teoría que pretende separar el plano legal del político en este asunto”. Una de los elementos que la Secretaría de Justicia de Estados Unidos utilizó para montar su campaña contra el gobierno argentino es el testimonio del agente del FBI Michael Lasiewicki: afirmó que el 27 de agosto pasado, los socios de Antonini Wilson advirtieron a éste que los 800 mil dólares que ingresó ilegalmente a Argentina iban destinados a financiar la actividad electoral de la ahora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dando por sentado que ese dinero era enviado por las autoridades de Venezuela. En esa oportunidad, Lasiewicki sostuvo que en el encuentro del 27 de agosto también participó un argentino no identificado, afirmación sobre la cual la corporación mediática local, en manos de los sectores más reaccionarios del país, elaboraron una verdadera andanada de falsedades y tergiversaciones contra la presidenta Fernández de Kirchner y el gobierno venezolano. Sin embargo, el ex camarista Guillermo Ledesma –uno de los jueces que en la década del ´80 condenó a los dictadores argentinos- y actual abogado de Antonini, irrumpió el pasado fin de semana. Dijo haber sido él el argentino desconocido en la cita y negó que en ese encuentro se haya dicho lo que el agente Lasiewicki consignó en su declaración. La intervención de Ledesma destruye la medula argumental de la operación montada entre la fiscalía y el FBI, ordenada por la administración Bush a través de su Secretaría de Justicia. Por supuesto, que los grandes medios periodísticos de este país tratan de que la irrupción de Ledesma pase inadvertida y los diarios Perfil, La Nación, como así también los pertenecientes al Grupo Clarín –en prensa escrita, radial y televisiva-, entre otros, consumen ríos de tintas y horas enteras de pantallas y micrófonos para insistir en la supuesta Justicia independiente de estados Unidos y confabular contra el gobierno argentino. Del lado de la política vernácula, los sectores más reaccionarios de la derecha se unen en bloque para sumarse a la operación del gobierno estadounidense, en una actitud que, en otro contexto, se ubicaría en las puertas de una proclama golpista. Al gobierno argentino en tanto le resta impulsar la investigación judicial abierta tras el descubrimiento, a mediados de este año, del empresario Antonini Wilson en un intento de ingresar al país 800. 000 dólares no declarados, tras arribar a Buenos Aires en un avión fletado por el gobierno nacional y en el cual viajaban altos funcionarios de éste y de la petrolera venezolana PDVSA. Además sería saludable que políticos y gobernantes que enfrentan o pretenden enfrentar las políticas hegemónicas estadounidenses limpien sus entornos de funcionarios corruptos, para evitar así hacerles el caldo gordo o facilitar la estrategia de Estados Unidos y sus aliados domésticos, que consiste en montar operaciones contra la estabilidad constitucional de nuestros países.
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Aquí La Noticia - Argentina/17/12/2007
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