28/1/08

Más lejos que nunca

¡Qué paradoja! La liberación de Clara Rojas y Consuelo González, que podría haber catapultado un acuerdo humanitario entre el gobierno colombiano y las Farc, ha producido exactamente lo contrario: las partes están tan lejos como siempre y el retorno de los secuestrados a la libertad, más distante que nunca. La razón obvia es coyuntural. Pero, también, estructural.
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La fallida intervención de Hugo Chávez -que no pocos, empezando por el gobierno, creyeron ingenuamente que cortaría el nudo gordiano- logró convertir lo que era un diálogo de sordos interno en una algarabía internacional. Bogotá hace malabares entre los múltiples interlocutores que consiguieron las Farc.
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Desorden en la superficie
Imagine por un momento ser un secuestrado que recibe de golpe las noticias de año nuevo. Después de un surmenage político-cerebral, queda solo esto: ¿con quién hablan mis familiares para sacarme de aquí? ¿Con Hugo Chávez, que ha pasado de mediar a respaldar a las Farc, pero se peleó con Uribe? ¿Con el presidente francés, que mientras se reúne con el colombiano en París envía un emisario a hablar con el venezolano de los "pasos a seguir" para buscar más liberaciones? ¿Con los países facilitadores (Suiza y España, además de Francia), que Uribe despachó y ahora convoca, los cuales, a la espera de reglas de juego, piden "margen" para su labor? ¿Con la Iglesia, que sustituyó al Comisionado Luis Carlos Restrepo como interlocutor oficial, y aún espera respuesta de las Farc? ¿De qué hablar, de zona de despeje, desmilitarizada o de encuentro?
Entretanto, las Farc solo hacen gestos a Chávez y administran rumores de que le entregarían más secuestrados. En el semanario comunista Voz, 'Raúl Reyes', dice que con el gobierno colombiano "definitivamente no habrá encuentros o entrevistas en Colombia ni en el exterior sin la existencia de la zona despejada de fuerza pública". Y niega que haya contactos con la Iglesia u otro mediador.Tras todo esto lo que hay es un pulso de fondo en el que los involucrados ya casi ni disimulan que lo menos importante son las consideraciones humanitarias.
Las Farc -dice el analista Léon Valencia- "encontraron el camino de la internacionalización del intercambio". Y el gobierno, puesto en la imposible situación de convidado de piedra a una negociación ajena de un crucial tema interno, intenta revertirla con cierto éxito, no sin ayuda del horror que causaron las 'pruebas de supervivencia' de los secuestrados y el rechazo al llamado de
Chávez a darles beligerancia.
El viaje de Uribe a Europa mostró que, salvo el solitario presidente venezolano, son bastante monolíticas la calificación de terrorista para las Farc, la negativa a darles el desueto calificativo de beligerancia y la exigencia de que liberen a todos los secuestrados incondicionalmente. Su desprestigio rompe récords. Mientras el Presidente proclama desde Guatemala que dejará de llamar 'terroristas' a las Farc si entran en un proceso de paz, la página oficial de Casa de Nariño ostenta un dossier de 557 actos cometidos por ellas desde 2002 con el que se justifica el apelativo.En este marco, no sorprende que luzca más difícil que nunca la liberación, no se diga de los 44 militares, policías, civiles y estadounidenses, sino de cerca de 700 secuestrados extorsivos que se cree tienen las Farc. Aun de concretarse el rumor de la liberación de unos pocos más, no sería sino otra gota de la llave que esa guerrilla no está dispuesta a abrir sin contraprestaciones -que no se le quieren dar-. Porque el problema va mucho más allá de esta caótica coyuntura.
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Falta de voluntad en el fondo
El intercambio de combatientes en un conflicto armado (en este caso, soldados y policías en manos de las Farc por guerrilleros presos, aunque la ley colombiana los considera secuestrados) y la liberación de civiles secuestrados -crimen de guerra de "toma de rehenes" para la ley internacional-, son situaciones previstas. Para los primeros se pueden hacer "acuerdos especiales", contemplados en el artículo 3 común de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949; los segundos deben ser liberados unilateralmente. Así se hizo en Las Delicias, en 1996, y en 2001, en el Caguán, aunque no hay antecedentes de liberaciones masivas de civiles, sobre todo los secuestrados por dinero.
Un primer problema estructural, desde 2002, para que el acuerdo humanitario no se haya dado, lo resume Carlo Nasi, director de posgrados de ciencia política en la Universidad de los Andes: "el problema del intercambio humanitario es bastante simple: desde que haya voluntad política, lo demás viene por añadidura. No se ha dado hasta la fecha porque han primado las consideraciones utilitarias, de obtener dividendos político-militares sobre los criterios puramente humanitarios".
Falta de voluntad evidente, en la guerilla y el gobierno. Ambos han variado sus posiciones -una pasó de pedir despeje de Caquetá y Putumayo al de Pradera y Florida; otro renunció, entre otros, a su idea de no negociar nada sin proceso de paz-, pero se mantienen 'inamovibles' en el despeje.
La sociedad está dividida. Según Invamer-Gallup, en las cuatro grandes ciudades, en 2002, los contrarios al acuerdo humanitario doblaban a los amigos del mismo; hace más de dos años, la proporción es pareja. Se dan contradicciones elocuentes: las Farc tienen hoy la opinión desfavorable más alta desde el año 2000 (96%) y es casi récord la convicción de que se las puede derrotar militarmente (68%) y no pueden tomarse el poder (74%); pero la opinión de que el diálogo es la solución (63%) es la más alta desde 2001, y la fe en la salida militar es de las más bajas desde entonces (31%). Hasta la izquierda está dividida: el Polo Democrático no participará en la marcha contra las Farc el 4 de febrero; la Central Unitaria de Trabajadores y el senador Gustavo Petro, han anunciado que sí lo harán.
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Confusiones en el aire
¿Mentes empañadas por la 'niebla de guerra'? El caso es que el conflicto colombiano parece reducido al pulso por el acuerdo humanitario, y este, a su vez, al trofeo del despeje. Pero la falta de voluntad política no explica por sí sola esta larga sin salida. Cierta confusión y, como dice el historiador Jorge Orlando Melo, dos "trampas", completan el cuadro.
El acuerdo humanitario se dificulta porque muchos creen que hacerlo es empezar la paz (y las partes parecen actuar como si ceder en eso fuera perder la guerra). "Ha adquirido un peso casi mítico", dice Javier Hernández, jefe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, explicando que se trata de una negociación, no para poner fin a la guerra, sino para seguirla. "La humanización de la guerra no es garantía de paz". Y señala el peligro de que termine bajando los estándares de derechos humanos, al 'negociar' secuestrados civiles o las condiciones en las que se los mantiene.
Las Farc han metido en el mismo saco, como "retenidos canjeables" a los combatientes (militares y policías) y a los civiles. Melo llama a esto una "trampa" en la que han caído el país y los medios, que no separan a políticos -que deben ser liberados sin condiciones- de combatientes, y, además, han olvidado a los otros 700 secuestrados.
En la otra trampa cae el gobierno: "las Farc creen -erróneamente-que aplicar los protocolos de Ginebra y reconocer que hay conflicto interno equivale a darle estatus de beligerancia. El gobierno parece creerlo en parte, y por eso se resiste a un acuerdo humanitario. Pero los protocolos son claros: crear un mecanismo de intercambio, no tiene ninguna consecuencia en cuanto al reconocimiento de beligerancia ni a la valoración de la legitimidad de la guerrilla.
La guerrilla seguirá siendo un movimiento injustificado e ilegal, sin legitimidad, aunque existan mecanismos convenidos para que los civiles no sean víctimas y para que los 'combatientes' sean liberados".
Todo esto llevó a la situación actual. En palabras de Melo: "la lógica que ha quedado establecida es la de liberar secuestrados gota a gota para lograr un gran impacto de medios y seguir presionando al gobierno".
El resultado es este largo duelo en torno al despeje. Lo que debería ser una causa humanitaria -para el gobierno y la sociedad, obviamente no para las Farc- se volvió cuestión de honor. Entretanto, 700 colombianos siguen esperando.
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El Tiempo - Colombia/28/01/2008

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