Del trasvase del Ebro a las desaladoras: la política del agua del PSOE no se moja

22/02/2008
Grupos ecologistas exigen un cambio en el modelo agrícola y urbanístico

Mar Soler y Carolina Yacamán
Diagonal

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Hace cuatro años, la campaña electoral del PSOE prometía la derogación del Plan Hidrológico Nacional del PP. ¿Qué ha hecho desde entonces?, ¿por qué en la campaña de ahora ya no se habla de agua?
Cuando el PSOE sube al Gobierno en marzo de 2004, la derogación del trasvase del Ebro propuesto dentro del Plan Hidrológico Nacional (PHN) elaborado por el PP ya formaba parte de su programa electoral. Según Pedro Arrojo, miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y experto en la materia, “hubo una combinación de dos grandes líneas de fuerzas” que causaron el rechazo al trasvase con el nuevo Gobierno. Por una aparte, había una “nueva fuerza argumental de que los trasvases estaban siendo desplazados de las prioridades” en la gestión de aguas. Según estudios economicistas, el balance coste-beneficio de este tipo de infraestructuras es negativo.
Implica fuertes costes sociales, como hemos visto en diferentes poblaciones pirenaicas que han tenido que ser desplazadas y, también, grandes impactos ambientales, que en este caso hubieran agravado mucho más la situación de crisis que está viviendo el delta del Ebro por falta de aportes sedimentarios, entre otras causas. Desde Europa, el PHN español, y concretamente el trasvase del Ebro, se analizaron desde esta mira apuntando que se trataba de un mal proyecto y decidiendo bloquear los fondos que iban a ser destinados para su ejecución. Según Arrojo, dentro del Estado “el PHN era apoyado por el lobby de las constructoras y tenía un interés político, ya que este tipo de infraestructuras son electoralmente rentables”. En este punto fue muy importante la segunda gran línea de fuerza: “la dinámica social que se había producido de grandes movilizaciones en las que se involucraron de forma activa sectores importantes como los sindicatos o las federaciones regionales del PSOE”.
Para Pedro Arrojo “la entrada del PSOE pasará a la historia como un punto de inflexión hacia un nuevo enfoque en política de aguas”. Éste se basa en empezar a cambiar las estrategias de gestión de la oferta por las de gestión de la demanda, como propone y promueve la Directiva Marco de Agua (DMA). Con el Programa Agua del PSOE se plantea una gestión de este recurso basada en gran medida en la desalación, una vía más rentable económica y energéticamente que el trasvase y que ha asegurado las demandas de agua del litoral durante estos últimos años de sequía, en los cuales, según se afirmaba en el propio PHN, la falta de lluvias hubieran hecho imposible trasvasar aguas. Otro punto positivo que cabe remarcar es el proceso de participación que se ha abierto en esta legislatura, donde grupos de personas expertas han sido invitadas a dialogar con el Gobierno.

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Los coladeros

Hubo un punto de inflexión pero “no llegó la energía política de cambio tanto como para poner en cuestión el Anexo II del PHN”, afirma Arrojo. En él se prevén más de cien embalses, algunos de ellos muy conflictivos y sin sentido después de la derogación del trasvase del Ebro. Lo que se desprende de la permanencia de este documento es que no se ha producido realmente ese cambio hacia la “gestión de la demanda”, ya que esto implica un cambio estructural del modelo de uso y consumo de agua, del concepto de necesidades y una apuesta por una verdadera nueva cultura del agua. El paso que le falta dar al PSOE hacia las estrategias propuestas por la DMA no es electoralmente rentable porque pone en cuestión el actual modelo agrícola y urbanístico, por eso se está hablando poco del tema en campaña. Por su parte, el PP ha optado por insistir en sus obsoletas ideas de trasvases llamándoles ahora “transferencias de agua”. Según Pedro Arrojo, “el PP no ha querido asumir la derrota y está usando como arma electoral cosas que ya deberían estar superadas”.El Programa Agua tenía previsto construir 26 desaladoras para suplir el trasvase. Pero en la actualidad sólo hay dos plantas nuevas en marcha, dos a punto de inaugurarse y el resto en construcción o en proyecto. Muchas de estas plantas desaladoras no se han podido construir dado que hace falta una importante inversión privada, a la vez que una demanda de agua constante que haga rentable su funcionamiento al 100%. Tal es el caso de la mayor desaladora en funcionamiento ubicada en Almería, la de Carboneras, que sólo funciona al 15% de su capacidad. Según Erika González, de la Comisión de Agua de Ecologistas en Acción, un aspecto muy negativo de las desaladoras es que su gestión es mayoritariamente privada, y aunque existe una legislación que impide el precio libre del agua desalada y su utilización como mercancía, puede favorecer el mercadeo entre grandes consumidores. Que su objetivo sea proporcionar “más agua” y no planificar los usos sociales y económicos del agua disponible no facilita la conservación de los ecosistemas acuáticos.Organizaciones como Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/ Bird- Life y WWF/Adena critican la construcción de un gran parque de desaladoras a lo largo del litoral debido a los impactos negativos que pueden causar las plantas a pleno rendimiento. Entre los principales impactos se encuentra el alto consumo energético requerido para conseguir el agua del mar para su posterior desalinización, la emisión de gases de efecto invernadero y los vertidos de salmuera al mar una vez desalinizada el agua.

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La falta de lluvias no es la única causa de la sequía
La política del agua en el Estado español se ha basado en gestionar la demanda del agua y, por consiguiente, en el aumento de los recursos hídricos para satisfacer cualquier necesidad establecida por el mercado. Consecuencia directa de este modelo de gestión del agua es que prácticamente todos los ríos están regulados, y las mil presas construidas hasta el momento hacen de España el cuarto país en el mundo en número de grandes presas. El 80% del consumo del agua se destina al regadío, el 14% al abastecimiento de núcleos urbanos y el 6% restante a la industria. La agricultura intensiva es uno de los principales consumidores de agua. Ejemplo de ello es la provincia de Almería, que se ha convertido en la mayor zona de concentración de invernaderos para horticultura de Europa. Este tipo de agricultura acarrea graves problemas ambientales por la contaminación que produce en el agua debido al uso excesivo de insecticidas y pesticidas. Otro grave problema asociado a la agricultura es la extracción ilegal de agua para regadío. Se estima que en España, según las cifras del Ministerio de Medio Ambiente, hay unos 510.000 pozos ilegales, ubicados principalmente en la cuenca de Guadalquivir, la cuenca del Guadiana y unos 19.000 pozos en la Comunidad de Madrid. Esto conlleva la extracción ilegal de los acuíferos y, en muchos casos, su sobreexplotación. Otra consecuencia negativa asociada a la sobreexplotación de este recurso es el aprovechamiento excesivo del agua subterránea en zonas del litoral, debido a la agricultura pero también asociado al turismo, lo que provoca la salinización del agua y contribuyen, por tanto, a la disminución en la calidad y cantidad del agua. Además hay que sumar la construcción de residencias secundarias acompañadas de campos de golf destinadas a la demanda de turismo de sol y playa principalmente en la zona sur.