7/9/09

Policías ultrajan a periodistas, limitan el derecho a informar y sirven a la derecha

Remberto Cárdenas Morales *
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Disparos intimidatorios, destrucción de equipos y decomiso de una cinta con material periodístico, insultos y ultrajes físicos contra dos trabajadores de Unitel de Santa Cruz, la semana que concluye, limitan el derecho a la información lo que, además, constituye un accionar propio de los policías formados para servir a otro Estado y acaso algunos de ellos, en algún momento, fueron los que recibieron sueldos o sobresueldos y entregaron o vendieron información a la Embajada de Estados Unidos.

Quizá se trata de infiltrados (o que se comportan como si fueran) los que tendrían el encargo de ejecutar operaciones sucias para desacreditar al gobierno y a los cambios que se abren paso a pesar de la resistencia y de los desatinos de ciertos gobernantes y/o de miembros de los movimientos sociales.

Nos referimos a medios de difusión (es ingenuo esperar otro comportamiento) que al dar cuenta de aquellos hechos incurren en fallas profesionales que, en más de un caso, quizá son cometidos adrede: imprecisión de datos, titularles de noticias que no reflejan ni la realidad ni lo que se dice en la nota informativa, destacan los abusos de los policías e informan poco de los delitos de un actor reincidente, mezclan información con apreciaciones, muestran que creen más en el acusado de cometer delitos que en lo que afirman las autoridades, dicen medias verdades, a los periodistas víctimas les permiten que cuenten y recuenten la tragedia sufrida sin registrar la palabra de la contraparte... La conclusión fácil de esos medios es que, desde el gobierno, se limitan la libertad de prensa y la libertad de expresión.

Esos medios informan casi nada sobre el procesado, Nelson Vaca Gutiérrez, por delitos de tala y comercio ilegal de recursos forestales, apropiación indebida de tierras fiscales, despojo de campesinos asentados en predios en la provincia Marbán (Beni), ausencia en audiencias del proceso, entre otros. Esos delitos que se le imputa a Vaca Gutiérrez desde 2005 ¿dejaron de ser noticia para esos medios de difusión? Recordemos que el silencio, en periodismo, es lo mismo que mentir, como dijo Luis Espinal y como proclamó algo similar el pensador español, Miguel de Unamuno, durante la dictadura fascista de Franco, al condenar los crímenes del fascismo. Los nazis, cuando establecieron que ciertos diarios callaron el incendio de Lídice y su gente que ellos provocaron (en la ex Checoslovaquia) definieron a esos impresos como a sus amigos. Ahora es imposible que un canal de televisión, como Unitel, informe sobre crímenes de sus dueños y de los que cometan sus socios ganaderos.

El diario La Razón (La Paz) abrió la primera página de la edición de ayer (viernes 4) con un título que dice: "Policías dispararon y/ golpearon a periodistas". En un resumen, a continuación, anota: "Un equipo de Unitel cubría la detención de un agricultor en Santa Cruz. Los agentes -agrega- chocaron contra el vehículo de prensa, dispararon contra él y golpearon a reporteros". "Decomisaron la cinta del video. El gobierno promete sanciones".

Este resumen avisa que los disparos fueron contra el equipo de filmación y no contra los periodistas, como afirma el título (y que los agentes decomisaron la cinta del video con imágenes y audio), todo lo que se reitera en el texto de la noticia.

Una lectura rápida y lineal del título de aquella noticia (la que se hace casi siempre) lleva a entender (mal) que los periodistas al menos fueron heridos con esos disparos. Y las víctimas de las agresiones han demandado a los policías por intento de asesinato.

Esa es una manera de la desinformación, de la subinformación o de propagar medias verdades.

Los detalles en periodismo tienen importancia para desinformar o para callar. En esa línea, La Razón dice por el imputado Vaca Gutiérrez que es agricultor, en la primera página y en los titulares, elementos que son los que más o los que únicamente se leen en un periódico.

La Razón de hoy (4-IX-09), en un tono desinformador quiere que se publiquen los nombres de los agresores a los informadores de Unitel, por ello titula: "No identifican/ a atacantes/ de periodistas". Pero no aparece ninguna autocrítica o rectificación (tampoco las esperábamos) de lo que afirmó un día antes: los presuntos disparos contra los periodistas. Decimos que ese tipo de periodismo se desacredita, ante el pueblo, a pasos acelerados y que más pronto que tarde será superado por un mejor periodismo, como propone la Federación Latinoamericana de Periodistas. Pero si ese descrédito sólo fuera de esos diarios, desde aquí nada tendríamos que lamentar. Sin embargo, no debemos subestimar el perjuicio que ocasionan esos impresos al oficio periodístico y a un proceso como el actual en nuestro país. Ese periodismo degradado cava su propia fosa, no cabe duda, aunque algunos dejan de ver esa realidad. (En un tiempo más pocos serán los diarios dignos de ser leídos, dijo Jorge Canelas Saénz cuando recibió el Premio Nacional de Periodismo, cuyas ideas políticas compartía precisamente con los editores de La Razón de estos días).

Así se comportan esos medios, además, en tiempos anticipadamente electorales como los que vivimos. Así aportan, indirectamente, a la campaña de los políticos que pretenden restaurar el viejo orden que agoniza.

Frente a los citados atropellos, los sindicatos de los trabajadores de la prensa, como los de Santa Cruz, salieron en defensa de sus afiliados, lo que apoyamos desde esta columna, pero manifestamos nuestra reserva debido a que no se asume (desde aquellos sindicatos) un accionar ecuánime. Esas organizaciones, al menos públicamente, nada dicen sobre la forma y el contenido de la información que esos medios entregan ahora sobre el caso que nos ocupa, si se la puede considerar información la que llega a sus lectores.

Los empresarios agrupados en la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) descargaron otra vez sus furias contra el gobierno porque no "garantiza" el trabajo de los periodistas, y porque considera amenazada la libre expresión y la libertad de prensa en Bolivia. Asimismo, hicieron conocer que se han quejado ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la que son parte, denuncia que han planteada, además, ante organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Sin embargo, la ANP condena el atropello de los policías que violan derechos y es comedida frente a los ultrajes del Alcalde cruceño contra otros periodistas.

Asimismo, la ANP, de los dueños de los medios impresos en nuestro país, firmó hace pocos días un pronunciamiento (difundido especialmente en Chile) con sus similares de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, en el que también denuncian violaciones a la libertad de expresión, y aunque evitan nombrar a país alguno en el que eso ocurriría, de manera implícita se refieren a Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, especialmente. En cambio, nada dicen (tampoco esperábamos) sobre la ocupación y el silencio impuesto a medios de difusión en Honduras sólo porque se negaron a respaldar a los golpistas y porque siguen defendiendo la democracia quebrada en aquel país hermano.

Los atropellos, que nosotros rechazamos con indignación, de los policías de elite contra los trabajadores de Unitel resulta como el anillo al dedo para los opositores al gobierno, también en campaña electoral, los que quizá creen confirmadas sus apreciaciones respecto del régimen político en funciones. Aquellos efectivos, nada menos que de seguridad, hacen lo que con certeza le sirve a la derecha y a los conspiradores externos contra los cambios.

Hace cerca de dos años, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), oralmente primero y por escrito después, le dijo al Ministro de Gobierno, que sigue en el cargo, que los policías (y otras personas) que asumen el tipo de comportamiento denunciado estos días acaso son infiltrados y, si no son, se comportan como si fueran con lo que hacen un daño enorme al gobierno y a las reformas avanzadas de este tiempo.

Compartimos esa sospecha y la reiteramos. Sólo a los enemigos del gobierno les puede interesar que haya policías que ultrajen a periodistas y que esas acciones se las atribuya al gobierno de Evo Morales.

Y este gobierno, aunque no se le pida, tiene que exigir una investigación a fondo, un debido proceso y sanciones que merezcan los policías de marras que muestran que fueron formados para servir a un Estado y a un gobierno, esencialmente, distintos de los que tenemos.

Un añadido es necesario respecto de lo que con alguna frecuencia hacen operadores de justicia y policías: cometen fallas procedimentales sin advertir que aquéllas un día pueden servir para la defensa de los enjuiciados. Es cierto que el Procedimiento Penal, como se reitera, contiene insuficiencias o normas que favorecen a los delincuentes, pero es verdad también que lo violan los encargados de su aplicación. La experiencia reciente y pasada debe ayudar a que se eviten ese tipo de errores que dejan mal parados a los pocos jueces, fiscales y policías que se empeñan en hacer bien o muy bien su trabajo.

Es insuficiente la explicación de gobernantes cuando dicen que no dan órdenes para agredir a nadie sino que reclaman de los policías ocuparse de la seguridad de los ciudadanos. Es necesario que demuestren que no consentirán ninguna conducta como la de esos policías abusivos a los que deseamos verlos fuera de su institución, sancionados o sustituidos por otros policías que necesita el proceso de cambios que -decimos una vez más- ha costado más al pueblo boliviano que a ciertos gobernantes y policías que disfrutan de una victoria ajena por la que poco o nada hicieron. -
* Periodista.
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Bolpress - Bolivia/07/09/2009

Lula y Sarko sellan un pacto de defensa

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El presidente de Brasil, Lula da Silva, recibió ayer a su par francés, Nicolas Sarkozy.
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La potencia militar brasileña se proyecta con acento francés. Para sellar el pacto, los presidentes de ambos países, Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolas Sarkozy, firmarán hoy en Brasilia uno de los mayores acuerdos bilaterales de defensa en la historia brasileña: Brasil comprará cuatro submarinos y 50 helicópteros militares franceses, además de tecnología de ese origen para fabricar a nivel local un submarino de propulsión nuclear, por un valor superior a los 12 mil millones de dólares. El objetivo central se encuentra sumergido: proteger las inmensas reservas petroleras que el país sudamericano posee en las profundidades marinas a lo largo de su costa atlántica.

“El valor de esta operación es muy superior a las compras de armas realizadas por Venezuela a Rusia en los últimos años”, destacó ayer el diario Folha de Sao Paulo. “E incluso que los montos del Plan Colombia”, agregó el periódico, aunque en este último caso se trate de ayuda directa por parte de Washington y no de adquisiciones de Bogotá.

El acuerdo que pondrá los cimientos del nuevo eje Brasilia-París es, para el país sudamericano, el más importante desde la segunda mitad del siglo pasado, comparable tan sólo al que firmara el entonces presidente Getúlio Vargas con Estados Unidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y, según arriesgan analistas locales, terminaría de inclinar la balanza estratégica militar regional a favor de Brasil, en un subcontinente en el que, tradicionalmente, siempre se pretendió mantener un cierto equilibrio de fuerzas. “Probablemente esto es el inicio, aunque eso nadie lo admite porque puede traer consecuencias diplomáticas, de un camino que dará al país el mayor poder de fuego naval en América latina”, deslizó Roberto Godoy, especialista brasileño en asuntos militares.

José Genoíno, diputado del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), lo puso en claro. Si Brasil quiere ser una potencia, necesita armamentos. “La política de defensa adecuada para Brasil es la disuasiva, no la de confrontación. Sin embargo, un país que se quiere proyectar internacionalmente precisa contar con una fuerza coherente con sus aspiraciones”, remarcó el diputado.

Según reconoció el propio Genoíno, el fortalecimiento del poderío naval brasileño tiene como prioridad velar por los más de 50 mil millones de barriles de petróleo descubiertos en los últimos años y que yacen en el litoral atlántico. Más aún cuando, no hace mucho, la superpotencia militar mundial anunciara sus intenciones de volver a patrullar las aguas sudamericanas. “Es innegable que la preocupación por garantizar la seguridad de esos recursos estratégicos aumentó luego de que Estados Unidos anunciara, el año pasado, la reactivación de su IV Flota”, dejó en claro el diputado petista, representante oficialista en la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional de la Cámara baja.

La “alianza estratégica” que firmarán hoy Lula y Sarkozy, precisamente en el día de la independencia de Brasil, tiene dos aspectos centrales. Uno de ellos es la compra de cuatro submarinos convencionales, así como la transferencia de la tecnología necesaria para montar uno de ellos propulsado a energía nuclear en astilleros locales. “De ese modo, Brasil será el séptimo país en el mundo capaz de proyectar, construir y operar submarinos convencionales y nucleares”, precisó Folha de Sao Paulo.

El otro aspecto es la posible compra de 36 aviones cazabombarderos franceses Rafale, fabricados por la empresa gala Dassault. Para desembolsar, Brasil pone una condición clave: que se transfiera su tecnología para permitir el desarrollo de una industria militar propia, explicó el ministro de Defensa, Nelson Jobim. El Rafale, todavía en competencia con el modelo sueco Gripen, fabricado por Saab, y el estadounidense F/A-18, de la gigante Boeing, tiene todas las de ganar.

“Las negociaciones por los aviones están muy avanzadas. “Francia se mostró como el país más flexible para la transferencia de tecnología. Evidentemente, eso es una ventaja comparativa excepcional”, afirmó Lula en una entrevista concedida ayer a medios franceses. “Entre Brasil y Francia no existe una relación de abastecedor a cliente sino de socios”, replicó a su turno Sarkozy, pródigo en elogios, en una entrevista al diario O Globo.

Según apunta el mismo periódico, el acuerdo tiene lugar en un contexto de coincidencias políticas y diplomáticas entre ambos países, pues Brasil y Francia comparten la idea de impulsar “un nuevo orden mundial más solidario y además Francia defiende la idea de que Brasil debe ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU”.

El matutino O Estado de Sao Paulo sostuvo, a su turno, que más allá de la cooperación militar, Francia aspira a hacer de Brasil una plataforma para su expansión económica en América latina.

Sarkozy llegó anoche a Brasilia para luego cenar con Lula en su residencia oficial. De acuerdo con su agenda, hoy presenciará el tradicional desfile nacional por el día de la independencia y luego se reunirá de vuelta con el mandatario brasileño para firmar los acuerdos. Su visita habrá sido de menos de 48 horas y sin su esposa, Carla Bruni. Business are business...
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Página/12 - Argentina/07/09/2009

ESCARBANDO en LQ Somos

Entrevista al colectivo de Amigxs y Compañerxs de Carlos Palomino
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"La historia del Estado español es la historia de la impunidad del fascismo. Se ha articulado un movimiento antifascista madrileño que es más plural y fuerte que nunca"
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La Haine.- El rostro de Carlos vuelve a contemplar Madrid desde multitud de barrios y pueblos. ¿Cómo está siendo la campaña pública que habéis lanzado ante el juicio al asesino de Carlos?
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Amigxs y Compañerxs de Carlos Palomino.- Hemos iniciado una campaña informativa muy intensa, repartiendo miles de panfletos en bocas de metro y en festivales, colgando pancartas en puentes, pegando carteles en multitud de barrios... nuestro objetivo es que la sociedad esté informada de lo que va a ocurrir el 14 de septiembre y que tenga de antemano una visión alternativa a la que presentarán los medios de comunicación burgueses. Esta campaña además es para llamar a la manifestación del 12 de septiembre entre Plaza Elíptica y Legazpi, que pretende hacer fuerte el mensaje “ni olvido ni perdón”, un mensaje de apoyo a la lucha antifascista y anticapitalista por la que Carlos murió y que está por encima de lo que dictaminarán los jueces.
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LH.- La delegación del gobierno y la prensa ya han avisado de un dispositivo policial especial para los días previos al juicio y han publicado noticias criminalizadoras. ¿Qué papel creéis que jugarán los medios? ¿y la nueva delegada del gobierno?
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ACCP.- El pasado 28 de marzo, con la aparición de los nazis insultando y burlándose del recuerdo de Carlos frente a su propia madre en el Puente de Vallekas y protegidos por la policía, quedó claro que la estrategia de los grupos ultraderechistas cercanos al Poder es provocar al movimiento antifascista para que reaccionemos y así poder publicar titulares de “disturbios”. Lo que buscan mediáticamente es adjudicar al antifascismo una actitud violenta para justificar así que Josué Estébanez actuó “en defensa propia” y, también, para aislarnos como movimiento social haciendo que parezca que este tema sólo afecta a los “radicales” y que es ajeno al resto de la población trabajadora. En este sentido la Delegación de Gobierno tiene toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo, así como de las provocaciones que puedan tener lugar en los días previos y durante el juicio, que probablemente se darán.
Lo mismo ocurrió en el juicio contra el asesino del joven activista Guillem Agulló en Valencia (asesinado en 1993): el día que comenzaba el juicio la policía cargó contra los antifascistas que fueron a recordarle y la prensa aprovechó para criminalizar al movimiento.
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LH.- ¿Qué esperáis del juicio?. En el comunicado habláis de la responsabilidad del ejército español y la complicidad de la policía con los grupos nazis, ¿cómo se va a plasmar esto en la acusación?
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ACCP.- Nuestro trabajo no se centra en el ámbito legal sino social. Nosotros esperamos que el juicio pueda satisfacer los deseos y esperanzas de Mavi y los familiares de Carlos, a quienes damos todo nuestro apoyo y lo hemos hecho siempre. Más allá de esto, ya hemos dicho públicamente que no creemos en la justicia burguesa del estado español, básicamente porque la historia de este Estado es la historia de la impunidad del fascismo.
Durante la dictadura franquista hubo decenas de miles de desaparecidos/as y asesinados/as y no ha habido ni un solo juicio contra los represores/as y torturadores/as, ni siquiera se ha intentado sacar a la luz pública la verdad de lo que ocurrió ni se ha apoyado a los familiares de las víctimas. La actual Ley de la Memoria Histórica precisamente lo que busca es pasar página y oficializar la impunidad de los fascistas. No por casualidad el régimen actual es heredero del anterior, sin que se hayan hecho depuraciones en las Fuerzas de Seguridad del Estado ni en la judicatura y con un Jefe de Estado (el Rey Juan Carlos I) que fue nombrado por Franco como su sucesor en 1969, y que ya en momentos de enfermedad de Franco le sustituyó al frente de la dictadura, como el 27 de septiembre de 1975, día en que fueron fusilados Txiki, Otaegi, Baena, Sánchez Bravo y García Sanz. Además la actual Audiencia Nacional es continuadora del Tribunal de Orden Público franquista, considerada como una institución inquisidora sobre cuestiones políticas.
En la llamada Transición había la misma cobertura por parte del Estado a fascistas y cuerpos represivos, produciéndose numerosas muertes por disparos de la policía en movilizaciones así como por atentados fascistas planificados desde las cloacas del Estado. Todos ellos sin llegar al fondo de la cuestión, quedándose siempre en lo superficial y suavizando las condenas. Ejemplos de esto son el caso de la matanza de los abogados de Atocha en 1977 perpetrado por un grupo de extrema derecha; también la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria por parte de la policía contra trabajadores (matando a 5 e hiriendo a más de 100) con Manuel Fraga como ministro responsable; o los sucesos ocurridos en el monte navarro de Montejurra, donde en 1976 grupos armados fascistas abrieron fuego contra los participantes de una romería carlista de izquierdas; también el asesinato de la militante estudiantil Yolanda González, asesinada en Madrid en 1980 por miembros de la organización ultraderechista Fuerza Nueva vinculados a la policía nacional y la guardia civil.
Pero la impunidad del fascismo no es cosa del pasado. Sin ir más lejos en agosto de 2004 fue asesinado el joven okupa Roger a manos de un grupo de neonazis. 2 años después sus amigos y familiares denunciaban que habían desaparecido en comisaría todas las pruebas del crimen, no se había interrogado a ninguno de los testigos presenciales, el juez había manipulado la opinión del jurado popular y, para colmo, uno de los asesinos había sido absuelto y el otro recibió la pena mínima.
Así mismo, en 2007 Pedro Cuevas, el asesino del valenciano Guillém Agulló, se presentó a las elecciones municipales del 27 de mayo como candidato en las listas del partido de extrema derecha Alianza Nacional. Y otro de los implicados en esta muerte, Manuel Canduela, en la actualidad preside el partido político nazi Democracia Nacional, cuyas juventudes organizaron la manifestación xenófoba a la que acudía el asesino de Carlos en aquel fatídico 11 de noviembre de 2007.
Está demostrada la impunidad que sobrevuela los asesinatos fascistas, cuyo objetivo es amedrentar a la gente que lucha por un mundo justo y digno. Por eso decimos que “sin justicia no habrá paz”, porque sin justicia social no habrá paz social, por mucho que los sindicatos vendidos quieran desmovilizar a la gente, por mucho que la policía reparta palos a quien alce su voz para defender cualquier derecho básico y por mucho que el fascismo asesino goce del respaldo institucional.
Cuando hablamos de justicia pretendemos ir más allá del juicio contra Josué Estébanez; queremos ir a los valores por los que Carlos luchó, que son los valores de la justicia social y de la dignidad frente a los valores del fascismo y el capitalismo.
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LH.- ¿Cómo valoráis todo el trabajo que se viene realizando desde el 11 de Noviembre de 2007? ¿Es más fuerte el movimiento antifascista en la ciudad y en qué sentido?
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ACCP.- Por un lado se ha puesto sobre la mesa que las organizaciones fascistas no sólo siguen existiendo y siguen asesinando en Madrid, sino que llevan mucho tiempo campando a sus anchas con el amparo del gobierno y la policía.
Se ha logrado articular un movimiento antifascista madrileño que es más plural y fuerte que nunca, y que ha sabido mantener viva la memoria de Carlos hasta el juicio aunque hayan pasado casi dos años.
Se ha logrado contribuir a la destitución de la anterior delegada del gobierno Soledad Mestre, sacando además a la luz las vinculaciones de elementos policiales con grupos de extrema derecha.
Pero esto no ha sido gratis, la represión en este tiempo ha sido feroz, mucho mayor que durante los años en que el ultraderechista Ansuategui (PP) estaba al frente de la Delegación de Gobierno. En los últimos dos años han habido más detenidos, heridos en cargas policiales y procesados antifascistas que en los 10 años anteriores juntos.
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LQSomos/07/09/2009

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inSurGente/07/09/2009

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