12/5/10

BOLETÍN DEMOCRACY NOW! EN ESPAÑOL

LOS TITULARES DE HOY

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Democracy Now! - USA/12/05/2010

Jugando con fuego

“Cuando crece la inseguridad de los individuos (…) cuando el conflicto entre las clases y los grupos se agudiza y no encuentra ya una resolución simbólica en la esfera política; cuando el poder parece caer en el plano de lo real y aparece como algo particular al servicio de los intereses y apetitos de vulgares ambiciosos, para decirlo brevemente (…) entonces se desarrolla el fantasma del pueblo-uno, la búsqueda de una identidad sustancial, de un cuerpo social soldado a su cabeza, de un poder encarnador, de un Estado libre de división.”

Claude Lefort, La incertidumbre democrática.


Leo hoy sobre la preocupación de Noam Chomsky por la situación actual en EE.UU. y la combinación de frustración, desilusión, rabia justificada y la ausencia de una respuesta coherente por parte de la clase política a los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos. Su reflexión sobre las diferencias entre la reacción popular ante la depresión posterior al crack del 29, que él vivió, y la actual, hacen pensar -y mucho.

Lo más preocupante, sin embargo, es su mención de la República de Weimar y la explicación de cómo el nacionalsocialismo no tuvo que derrotar al comunismo y a la socialdemocracia, sino limitarse a ocupar el vacío dejado por los conservadores y los liberales, condenados a la desaparición por la creciente desafección política y su incapacidad de actuar. Este avance de la ultra derecha casi “por omisión” me hace pensar en lo ocurrido en Badalona hace unos días, donde el PP distribuyó folletos equiparando inmigración e inseguridad; o en la nueva apelación de Sarkozy a la seguridad, la ley y el orden para hacer frente a unas encuestas desfavorables y a un crecidísimo Front National; o el creciente clima existente en Catalunya, dónde las propuestas de la extrema derecha en relación al empadronamiento de inmigrantes (y su acceso a los servicios públicos) son recibidas con un casi unánime “si, si, no hay que ir tan lejos, pero algo hay que hacer” y una aprobación ciudadana de medidas de este tipo que puede superar el 90%.

Parece que, en toda Europa, los partidos establecidos se han lanzado a la caza del electorado potencial de las opciones políticas de extrema derecha adoptando versiones “blandas” de las propuestas fascistas y autoritarias de los no-ya-tan-grupúsculos filo-fascistas.

Pues eso, jugando con fuego, con “f” de Frente Nacional.

Gemma Galdon Clavell

Se me ocurre, así, cómo hipótesis, que si llevamos años de delirio securitario (y de políticas acordes) y en realidad estamos todas y todos cada día más asustados y aislados, quizás alguien, en algún lugar, debería plantearse qué es realmente lo que favorece la creación de entornos seguros, en lugar de recetar sistemáticamente y sin explorar al paciente dos tazas de ordenanza cívica, una ración de privatización de espacio público y tres dosis de videovigilancia. Porque, como diría un colega, si la securización es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? gemma.galdon@uab.cat

Público - España/12/05/2010

Globalización, un monstruo que pisa fuerte

DIALOGO CON MABEL MANZANAL, DOCTORA EN GEOGRAFIA, ECONOMISTA POR LA UBA

El jinete se encuentra que en la resistencia contra la globalización se generan nuevas formas de lucha, nuevos objetivos, nuevas ideas sobre lo que ahora se llama desarrollo territorial, con nuevos actores.

Por Leonardo Moledo

–Su plan de investigación es sobre territorio y poder en la globalización, ¿verdad?

–Sí. En los últimos diez años estuve trabajando con eso. Cuando uno analiza la problemática del de-sarrollo, siempre hay cuestiones espaciales presentes. En el último período, la cuestión del territorio viene pisando fuerte, tanto desde el lado de la política como desde el lado de la academia. Se habla mucho de desarrollo territorial. De algún modo, nuestras investigaciones tratan de desmitificar esa asociación virtuosa entre desarrollo y territorio.

–¿A qué llama “desarrollo territorial”?

–Si nosotros lo comparamos con otros momentos de la historia de Argentina, en la época de la planificación se hablaba de desarrollo regional. Hoy se llama desarrollo territorial al desarrollo de determinados lugares que pueda surgir no tanto del Estado, sino de los actores locales.

–¿Por ejemplo?

–Los ejemplos vienen de la experiencia del norte de Italia, donde se habla del desarrollo de grupos de empresas medianas que tienen capacidad competitiva y se colocan en los mercados muy eficientemente. Eso se intenta trasladar a los espacios de nuestro tercer mundo. Un ejemplo es Rafaela, donde habría una confluencia de empresas, de actividad industrial y agropecuaria muy dinámica. La condición de que se genere desarrollo territorial es que los actores tengan una capacidad diferencial respecto de otros actores y a su vez la capacidad de generar exportaciones, es decir, de ser competitivos internacionalmente. Aquellos territorios que no son competitivos internacionalmente quedan por fuera del desa-rrollo territorial. Y en Argentina la mayoría de los territorios son así.

–¿Y qué es específicamente lo que hace usted?

–Nosotros estudiamos en profundidad cuáles son las relaciones de poder y cuáles son las contradicciones que se presentan en las políticas públicas y en el propio proceso de globalización que de algún modo avanza sobre los territorios buscando esas oportunidades diferenciales y los transforma. Y suele ocurrir que muchos de los sujetos que están en esos territorios no quieren sufrir ese tipo de transformaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de la Quebrada de Humahuaca. Fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad y, por eso, confluyen dos propuestas: una de turismo internacional y otra de de-sarrollo rural para la población del lugar. Esta población se ve incluida en los dos modelos.

–¿Y qué pasa allí? Algunos actores deberán vender sus tierras... ¿qué hacen? ¿Se van a la ciudad?

–Eso pasa. Hay gente que vende la tierra porque no son competitivos en los mercados que se abren, no pueden producir el tipo de alimentos que demandan los mejores hoteles de la zona. Entonces a veces pasa eso: hay una gran cantidad de pequeños productores que, según los últimos dos censos, de-saparecieron.

–¿Y qué va a pasar con todo eso? ¿Se puede resistir a la globalización, ese monstruo grande que pisa fuerte? A mí me contaba un maestro de San Francisco que cuando lograron poner un televisor para toda la comunidad, el efecto fue devastador: se fue todo el mundo.

–Claro. Porque ven imágenes de facilidades que creen que hay en las ciudades, un acceso al consumo que ellos no tienen. De cualquier modo, esto no se transforma simplemente con computadoras y televisores, sino con procesos que tengan en cuenta las características culturales de esta gente, con una educación que posiblemente no sea la que están recibiendo. Hay otro ejemplo, que es el caso de Misiones, una provincia con mucha población minifundista de pequeños productores. Mientras hubo tierra pública, los procesos de colonización pública le fueron dando tierras. Pero hace varios años se ha quedado sin tierra pública. Entonces comenzó a producirse un proceso de avance y de ocupación de tierras privadas en el nordeste de Misiones. Eran tierras prácticamente abandonadas, producto de la deforestación y prácticamente improductivas si no fuera por las nuevas tecnologías.

–Ese es el viejo problema de la tierra.

–Sí. Ahora han adquirido un nuevo valor. Entre los propietarios y los ocupantes se genera una situación de conflicto que lleva, entre otras cosas, a la formulación de una ley de arraigo y colonización, que dictaba la expropiación de algunas parcelas. Es una ley que supuestamente favorecía a los ocupantes, pero las tierras todavía no se les han dado. Algunos grupos tienen conciencia de lo que está pasando y proponen modelos que no son ni los que les provee el gobierno ni los que les provee la globalización: quieren tener sus propias escuelas. No le voy a decir que es mayoría, pero hay algunas redes de grupos organizados de gente que se moviliza (sea por el agua, por el medio ambiente, por la tierra). Ellos plantean que todo lo que les viene del propio Estado o de muchas ONG es un modelo que no está de acuerdo con lo que ellos necesitan. Y ellos, entonces, buscan otra salida, como por ejemplo la educación alternativa a las instituciones (que, según dicen, perpetúa la dominación). Esos casos existen. Los territorios de los que hablamos son territorios de la globalización, de la modernidad y de la descentralización. Yo veo los territorios como un lugar donde uno visualiza de manera directa muchas de las contradicciones del modelo, de las propuestas, de la aplicación de las diferentes normas y leyes. Estos territorios, cuando uno los mira como si les pusiera una lupa y los agrandara, observa que son territorios atravesados por la globalización, por las nuevas propuestas y por la descentralización, que es una propuesta del modelo neoliberal. Son territorios de la modernidad en tanto y en cuanto todo esto que atraviesa las propuestas neoliberales, la globalización, la centralización, viene con una contrapartida: aparecen nuevos movimientos sociales, actores con demandas diferentes a las que nosotros tradicionalmente conocimos.

–¿Por ejemplo?

–En los ’90 empiezan a aparecer movimientos de reclamos que no están vinculados con lo productivo (que es el modelo clásico de los reclamos: por tierra, mejores salarios, etcétera). Están vinculados, por el contrario, con demandas asociadas con el deterioro del medio ambiente, con el uso y el abuso del agua por parte de determinados sectores, por problemas de polución resultante de la explotación minera a cielo abierto. Estas demandas son diferentes a los que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver; por eso los llamamos territorios de la modernización, en donde los reclamos tienen características más universales y menos personales. No estoy luchando por mi salario, sino por cuestiones más globales. Hay que ver, entonces, las dos cosas: el avance del poder dominante y hegemónico que va arrasando con las poblaciones tradicionales, pero también la reacción de estas poblaciones tradicionales.

Informe: Nicolás Olszevicki

Leonardomoledo@blogspot.com

Página/12 - Argentina/12/05/2010

COLOMBIA: Colombia: Terrorismo de Estado en nombre de la paz

James Petras *

Traducido para el CEPRID (www.nodo50.org/ceprid) por María Valdés

La primera víctima del terrorismo de Estado es la corrupción del lenguaje, la invención de eufemismos donde las palabras significan su contrario y los eslóganes encubren grandes crímenes: ya no existe consenso universal para condenar los crímenes de lesa humanidad. Esto se debe a que los asesinatos y matanzas masivas garantizan la "confianza" del inversor, porque se despoja a los indígenas de sus tierras para que se puedan explotar las minas; desaparecen los trabajadores de las empresas petrolíferas para que el petróleo fluya, y la prensa económica internacional elogia el éxito del Presidente en la "pacificación del país".

Cuando los narco-presidentes son acogidos por los dirigentes de América del Norte y Europa queda de manifiesto que los delincuentes se han vuelto respetables y las personas respetables, delincuentes. Pero en otras regiones otras voces han sentado en el banquillo a criminales de guerra del pasado y el presente. En Argentina, los generales responsables de los desaparecidos pasan sus últimos años de vida entre rejas. En España, Dubai y otros lugares se han emitido órdenes de detención contra mandos del ejército israelí. Tony Blair, cómplice de la guerra genocida de Bush en Irak, debe eludir Malasia para evitar ser arrestado por los crímenes de guerra cometidos. Colombia, Estados Unidos e Israel, los epicentros del terrorismo de Estado, están solos en la Asamblea General de Naciones; condenados pero, todavía, no sometidos a juicio. Sus días de impunidad se terminan. Las guerras interminables, la corrupción galopante y las masivas estafas financieras (la podredumbre interna) están erosionando la fachada de su poderío militar.

Los escritores e intelectuales desempeñan un papel esencial en la aceleración de este proceso poniendo de manifiesto las mentiras que sustentan las maquinarias de matar. Empecemos:

Las mentiras de nuestro tiempo

1.- La doctrina de seguridad democrática (ni democrática, ni para la seguridad personal):

La corrupción del lenguaje acompaña a todo gran crimen político. El concepto de "Seguridad Democrática" no es una excepción. En el contexto colombiano actual, asesinar a dirigentes de movimientos sociales para garantizar la reelección de un partido compuesto por asesinos políticos es democrático. "Seguridad" es el eufemismo para aludir a los cementerios clandestinos llenos de sepulturas sin lápida bajo las que hay personas sin nombre. La "libertad de los medios de comunicación" existe cuando anuncian solemnemente otro "gran triunfo militar"… la matanza de campesinos desarmados que estaban labrando sus campos.

Los economistas son "expertos" cuando anuncian que la economía está creciendo… y sólo las personas están sufriendo. Los políticos son "estadistas" cuando declaran estar "con el pueblo"… excepto con los 4 millones de desposeídos por la fuerza y los 300.000 familiares de los muertos y desaparecidos; los muertos y los desposeídos todavía tienen que apreciar a aquel que afirma estar "con el pueblo".

Cuando el Presidente afirma que la guerra es la paz, que la militarización es seguridad y que las desigualdades son justicia social, sólo quienes no alcanzan a comprender estas verdades oficiales deben temer que llamen a su puerta a medianoche.

2.- La definición oficial de terrorista

Se trata de una persona o personas que no logran entender que el camino hacia la paz pasa por gastar miles de millones de dólares en aviones y helicópteros de combate, bases militares y en subcontratar a asesores militares y mercenarios.

3.-Los enemigos de las conversaciones de paz

Según el Presidente [Uribe], los grupos de defensa de los derechos humanos que se oponen a la matanza de adversarios y proponen diálogo en lugar de monólogos son los enemigos de la paz; sólo los monólogos garantizan que haya una "verdad oficial", y no otra.

4.-El precio de la prosperidad

Según el Presidente y el Fondo Monetario Internacional (FMI) la pobreza, el desempleo y los bajos salarios son el precio de la democracia y la prosperidad… pero sólo si son los trabajadores y los campesinos quienes pagan el precio y los ricos los únicos que prosperan.

5.-Una novedosa definición de Soberanía

Según el Presidente, la nueva definición de soberanía es ceder territorio a una potencia extranjera imperialista para que instale siete bases militares que operan según su propio marco legislativo y ámbito de competencias. Soberanía es igual a ocupación extranjera.

6.-La nueva definición de subversión

Según el Presidente, los acuerdos humanitarios y las iniciativas de paz son pretextos para la subversión; sus defensores saben de antemano que serán rechazados por el Estado. En cambio, deshumanizar al enemigo y a los defensores de la paz facilita el bombardeo de aldeas subversivas, los "auténticos" enemigos de la paz.

7.-Sobre alabanzas y condenas

¿Qué dice el hecho de que un presidente sea condenado por todos los grupos y movimientos sociales que defienden los derechos humanos, y elogiado por toda la prensa económica y las instituciones militares?

8.-Un Presidente con récords mundiales

No cabe duda de que el presidente Uribe ingresará en el Libro Guinness de los Récords.

El presidente está respaldado por más miembros del narco-congreso que cualquier otro Presidente o Primer Ministro del mundo (incluido Afganistán).

El Presidente es responsable del desplazamiento de más personas (4 millones de refugiados) en el plazo más breve (8 años) que cualquier otro Presidente del mundo (desbancando a Israel en su medio siglo).

El Presidente ha autorizado la instalación de más bases militares estadounidenses que todos los presidentes de América Latina juntos. El Presidente es responsable de la matanza de más militantes y dirigentes sindicales que cualquier otro líder mundial (1.500). Por cada primer puesto en muerte y despojo, el Presidente Uribe merece un nuevo galardón, un premio innoble.

Pero no está sólo en ello. Tres presidentes estadounidenses, demócratas y republicanos (Clinton, Bush y Obama), han suministrado armamento y centenares de asesores por valor de miles de millones de dólares para financiar a 30.000 narco-miembros de escuadrones de la muerte y 300.000 soldados, que desempeñan un papel fundamental en la obtención de los "récords mundiales" de Uribe.

Recordemos y castiguemos los crímenes contra la humanidad del pasado y del presente, pero debemos avanzar en la búsqueda del diálogo entre quienes están dispuestos a mantenerlo, porque constituyen una mayoría que cree en la paz mediante la justicia.

* Profesor emérito de sociología en la universidad de Binghamton (N.Y.). Intelectual emblemático de la izquierda estadounidense; miembro de la conferencia ‘antiimperialista’ Axis for Peace (Red Voltaire)
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Adital/12/05/2010

ESPAÑA: El hombre que abría tumbas

Miren Gutiérrez entrevista al médico forense español FRANCISCO ETXEBERRIA

Francisco Etxeberria: La acusación a Garzón es "un retroceso en la conquista de las libertades" / Crédito:Íñigo Royo/IPS
Francisco Etxeberria: La acusación a Garzón es "un retroceso en la conquista de las libertades"

Crédito: Íñigo Royo/IPS

SAN SEBASTIÁN, España, may (IPS) - El trabajo de Francisco Etxeberria levanta ampollas y provoca odios. Y cuando el famoso juez Baltasar Garzón fijó su atención en él, arreció la polémica. Este forense lleva 200 fosas comunes abiertas y 4.800 esqueletos exhumados en toda España desde 2000.

"Mientras los familiares lo quieran, nosotros buscaremos", dijo Etxeberria en una conferencia en el marco del VIII Festival de Cine de Derechos Humanos de San Sebastián, donde se exhibió la película "Los caminos de la memoria", que explora la amnesia existente para con la historia de los perdedores de la Guerra Civil Española (1936-1939).

"Los tres derechos de las víctimas son verdad, justicia y reparación, y esto no se ha cumplido" para unos 200.000 desaparecidos y asesinados de la guerra y la posterior dictadura de Francisco Franco, que terminó en 1975. "No creo que encontremos a todos, es imposible", dice Etxeberria.

Con la aprobación de la ley de la memoria histórica de 2000, y la denuncia de un hijo que había perdido a su padre, Etxeberria comenzó a excavar en Priaranza del Bierzo, en la norteña provincia de León. Se desenterraron 13 civiles fusilados en los comienzos de la guerra. Era la primera excavación científica realizada en España, más de 70 años después de que empezara la contienda.

Casi sin apoyos políticos ni financieros, el equipo liderado por este profesor de medicina forense de la Universidad del País Vasco ha incluido a decenas expertos voluntarios de todas partes del mundo.

Según Etxeberria, con la ley se trataba de "pasar de la verdad a la reparación, pero nadie quiere meterse en la justicia". Excepto el juez Garzón, quien se apoyó en esta investigación para su causa sobre la memoria histórica de Guerra Civil Española y el franquismo, la misma que le valió un pase al banquillo de los acusados.

Etxeberria habló con IPS de los retos de este proyecto.

IPS: ¿Cómo funciona?

FRANCISCO ETXEBERRIA: Siempre lo hacemos a solicitud de los familiares y excepcionalmente a petición de algunos ayuntamientos. En todos los casos notificamos a la autoridad judicial el deseo de los familiares de investigar. Y en general estas autoridades desestiman las reclamaciones bajo el argumento de que los hechos han prescrito.

De todos modos, en la investigación aplicamos los principios universales de la criminalística y generamos informes en formato de documento pericial que puedan tener una trascendencia administrativa.

IPS: ¿Con qué tipo de obstáculos se han topado?

FE: Lo más penoso ha sido la desatención de algunos ayuntamientos a las familias. Al principio, por dudas y miedos que poco a poco van desapareciendo. En algunos casos, por ideología contraria a reivindicar la memoria de los republicanos sociológicamente colocados en la izquierda.

IPS: 200 fosas comunes abiertas… ¿no es un resultado increíble para hacerlo casi sin apoyos políticos ni económicos?

FE: Hasta el presente ha existido nulo interés judicial y escaso interés institucional. Lo realizado es fruto de la implicación personal de técnicos y especialistas que han actuado con compromiso ético. Tan solo desde hace tres años hay ayudas gubernamentales para sufragar los gastos de exhumación y laboratorio.

IPS: ¿Qué tipo de personas integra el equipo?

FE: Los historiadores que ya han investigado sobre la represión y el sufrimiento de la dictadura franquista. Tras ellos, los antropólogos sociales vienen recogiendo testimonios orales que completan el conocimiento de lo ocurrido.

Nosotros, arqueólogos, antropólogos forenses, médicos forenses y psicólogos intervenimos en la exhumación, y la investigación se completa con análisis de laboratorio que concluyen en la identificación y determinación de las causas de muerte.

IPS: ¿Qué piensa de que Garzón se haya sentado en el banquillo por querer corregir el vacío jurídico de la ley de la memoria histórica?

FE: Parece significar un retroceso. En España no hay riesgo de involución a la dictadura, pero estos hechos son un acontecimiento histórico penoso que nos recuerdan épocas preconstitucionales.

En realidad los familiares de las víctimas habían pedido amparo y tutela judicial que diera garantías al proceso de investigación puesto en marcha.

IPS: Usted ha dicho que no sabía que en la zona en donde no hubo contienda "se había matado a tanta gente". ¿Podría dar algún detalle?

FE: En una fosa encontramos a 11 mujeres entre los 17 enterrados allí. Eran enfermeras de un hospital psiquiátrico a las que asesinaron los franquistas.

Hay fosas en todas partes y sorprende la concentración en lugares rurales donde había campesinos y jornaleros que nunca supieron que había una guerra, ya que les mataron en los primeros días de la sublevación militar franquista.

Los historiadores han elaborado listados que llegan hasta los 130.000 asesinatos fuera de los frentes de batalla. Son crímenes de detención-desaparición que no prescriben.

IPS: En 1998, el obispado de Barcelona les pidió que exhumaran el cuerpo de un obispo que querían beatificar. ¿Se producen otras peticiones como ésta?

FE: Antes de que se abriera la primera fosa de republicanos en 2000, el obispado de Barcelona nos pidió la investigación de los restos del obispo Manuel Irurita, asesinado y enterrado en una fosa común de Montcada y posteriormente trasladado a la catedral.

Y de igual modo nos han pedido otras investigaciones de personas de derechas que fueron asesinadas por los republicanos.

Pero son escasos los ejemplos que quedan por investigar, ya que el mismo franquismo se ocupó de ello al finalizar la guerra. Además, no se pueden comparar ni cualitativa y cuantitativamente las víctimas de ambos lados.

IPS: ¿Es verdad que podrían trabajar pronto en exhumar restos de republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, el memorial construido por el franquismo?

FE: Al finalizar la guerra, los franquistas descubrieron que tenían menos víctimas que las que había ofrecido la propaganda de guerra. Y por ello trasladaron al Valle de los Caídos a víctimas del lado republicano.

Las familias no lo supieron entonces y por eso han pedido la recuperación de esos restos inhumados en un lugar de clara simbología franquista. Caben dos posibilidades, recuperar esos restos o transformar ese lugar en un espacio que represente de forma real las ideas de todos y la verdadera historia de los hechos.

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Francisco Etxeberria: La acusación a Garzón es “un retroceso en la conquista de las libertades”. Crédito: Íñigo Royo/IPS
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IPS/12/05/2010

Frente a la tragedia griega: Repensando una propuesta global para un problema global

Oscar Ugarteche, Alberto Acosta *



“Cuando un Estado se ve en la necesidad de declararse en quiebra, lo mismo que cuando un individuo se ve en tal necesidad, entonces una quiebra limpia, abierta y confesada es la medida que a la vez menos deshonra al deudor y menos perjudica al acreedor”.
Adam Smith, 1776
“Los incumplimientos por gobiernos extranjeros de su deuda externa son tan numerosos y ciertamente tan cercanos a ser universales que es fácil tratar sobre ellos nombrando a aquellos que no han incurrido en incumplimiento, que aquellos que lo han hecho”.
John Maynard Keynes,1924
A lo largo de la historia financiera internacional se puede observar que los países deudores repetidamente toman créditos, tienen un auge, declinan, cesan los pagos y la vida continúa. Los casos de las cesaciones de pagos más frecuentes son en aquellas etapas en las que la economía de los países líderes sufre una recesión. Así, por ejemplo, cuando la bolsa de Londres sufrió un desplome en octubre de 1825, se llevó consigo a los precios de las materias primas y acto seguido las nacientes repúblicas sudamericanas y México suspendieron pagos por un periodo de casi treinta años. Durante la década del 70 del siglo XIX igualmente un desplome de la bolsa de Londres llevó consigo los precios de las materias primas y los países cesaron pagos casi sin excepción por un periodo de casi treinta años igualmente. En el periodo de los años 30 del siglo XX se repitió la misma historia por la misma causa. Los impagos se resolvieron veinte años más tarde a fines de la década del 40 o en los años 50. Nuevamente el problema resurgió en 1982; esta vez no hubo desplome de bolsas pero sí del precio de las materias primas acompañado de un alza brusca de las tasas de interés.
Su explicación radica especialmente en la inestabilidad de la economía internacional que es cíclica y que pasa por alzas y bajas; una situación inherente al capitalismo, por lo demás. En este contexto, los cambios tecnológicos casi siempre han acompañado las soluciones para la recuperación de la economía mundial, favoreciendo a los centros de poder en desmedro del mundo periférico. Y esa fragilidad de la situación internacional eleva el riesgo de crisis en las economías empobrecidas, que viven angustiadas por las presiones financieras.
Esta realidad, tan conocida en el mundo pobre altamente endeudado, golpea ahora las puertas de Europa. Grecia ha entrado en una profunda crisis. Y sus secuelas se expanden cual círculos concéntricos por España, Portugal, Irlanda, Italia… Lo preocupante es que una vez más la receta para enfrentar la crisis es similar a la aplicada en el mundo empobrecido por la lógica especulativa del mercado financiero internacional. La resolución planteada es bajar los salarios que como se ha visto en general pierden permanente su participación en el ingreso nacional a favor de las ganancias financieras.
La receta aplicada en Grecia demuestra que el dogma impulsado a partir del Consenso de Washington sigue vigente e impacta adversamente sobre la Europa comunitaria. El neoliberalismo anglosajón lejos de haber sido extirpado se fortalece bajo la batuta del reactivado FMI. Los grandes ganadores de estas decisiones son los operadores de hedge funds (fondos especulativos de alto riesgo), es decir los especuladores de siempre. Amparo Estrada, en su columna, “El negocio de hundir un país”,[1]relata con detalle una reunión en la firma Monnes, Crespi & Hardt de Nueva York, donde un grupo de banqueros de inversión especializados en hedgefunds decidieron atacar el euro mirando a Grecia. Esto incluye sin duda credit default swaps. Ella cita un texto del Wall Street Journal del 26 de febrero del 2010 como la fuente de dónde sale la información del ataque contra los papeles de deuda griega y de paso contra el euro. En la lista está el inefable Goldman Sachs y el fondo de Soros.[2]
El incentivo perverso que genera las decisiones tomadas para solucionar el problema en Grecia trasladando el problema a su pueblo bajándole los salarios y subiéndoles los impuestos, reduciendo las inversiones sociales, mientras se alimenta y se tolera la irracionalidad de las burbujas financieras. El FMI no dio ninguna señal de problemas en Grecia cuando ya hace más de un año se sabe que los países ricos altamente endeudados están en problemas, y los agentes financieros se encargaron de inflar dichas burbujas, y ellos mismos asoman presurosos para salvar a quienes se beneficiaron de la época de auge. A la postre, una vez más, quienes pagan el costo de la codicia de los mercados financieros y del capital, son los trabajadores, los pensionistas, la población en su conjunto.
La tragedia griega, que tanto influyó desde la literatura en la historia de la humanidad, hoy es una amenaza cierta para el mundo entero. Se apaga la esperanza de gran parte de la población mundial que creía que la grave crisis del capitalismo se podía resolver en poco tiempo. Hemos pasado por una crisis financiera, luego por un crédito crunch que frenó el comercio internacional, luego por una recesión derivada de lo anterior, y ahora por una crisis fiscal resultante de la recesión, abriéndose la puerta a una crisis bancaria de nuevo cuño, con fugas de depósitos en los bancos griegos entre otros, lo que regresará como una crisis financiera profundizada. Pero, si bien la crisis angustia, esta deberí­a ser la oportunidad para regular la economí­a mundial y al menos poner lí­mites al capitalismo salvaje. ¡Ya es hora de sacar las lecciones de tanta tragedia!
No puede un grupo de inversionistas enfilar con los bonos de un país y contra un moneda de manera coludida ni menos puede llevarse a un país a la miseria para beneficio de unos cuantos financistas, utilizando las empresas calificadoras de riesgo como el instrumento. Las calificadoras de riesgo son las mismas que aprobaron las hipotecas basura y que luego aprobaron como AAA los bonos de la banca de inversión construidas con esas hipotecas. No es posible que sigan existiendo calificadoras que se deben a sus clientes financiero y no al interés nacional o global, en este caso.
¿Quiebran o no los países?
La gran discusión teórica desde hace más un siglo se erige en torno a la idea central de sí los países quiebran o no. Lo medular de un país que quiebra es que podría ser llevado a una corte de quiebras para ser intervenido por un síndico de quiebras, sus bienes liquidados por el síndico y los acreedores pagados por partes iguales.
Hasta 1933 el tema de quién hacía que las demandas del acreedor fuera cumplida recaía directamente sobre el propio acreedor quien incluso podía hacer uso de la fuerza militar y poner a sus síndicos de quiebras. Estos son los ejemplos de las operaciones bélicas de los acreedores en contra de los deudores por el Canal de Suez a fines del siglo XIX, de Nicaragua en 1909 y de Venezuela en 1902-1903.
En este contexto, las sucesivas moratorias han constituido una suerte de telón de fondo de las relaciones de casi todos los países empobrecidos con el mercado financiero internacional. Sin embargo, nótese que a la moratoria también han recurrido muchos países industrializados en algún momento de su historia. John Maynard Keynes lo recordaba ya en 1924:
“Los incumplimientos por gobiernos extranjeros de su deuda externa son tan numerosos y ciertamente tan cercanos a ser universales que es fácil tratar sobre ellos nombrando a aquellos que no han incurrido en incumplimiento, que aquellos que lo han hecho. Además de aquellos países que incurrieron técnicamente en incumplimiento, existen algunos otros que pidieron prestado en el exterior en su propia moneda y permitieron que esa moneda se depreciara hasta menos de la mitad de su valor nominal y en algunos casos a una fracción infinitesimal. Entre los países que actuaron así cabe citar a Bélgica, Francia, Italia y Alemania”.(1924)
Y en esta lista habría que incluir a varios estados de los propios EEUU[3], a más de Gran Bretaña.[4]
Por otro lado, a propósito del arreglo de la deuda externa alemana de 1953, con el que este país resolvió definitivamente su problema de deuda externa, queda constancia del trato diferenciado que han recibido algunos países por razones geopolíticas derivadas del enfrentamiento Este-Oeste.
Con el Acuerdo de Londres, suscrito el 27 de febrero de 1953, la República Federal de Alemania pudo resolver definitivamente su problema de deuda externa; es más, se le restituyó la viabilidad financiera y económica, base fundamental para lo que vulgarmente se conoce como “el milagro alemán”. Este país obtuvo un descuento de su deuda anterior -derivada directa o indirectamente de las dos guerras mundiales- de entre 50% hasta 75%, si se considera que se prohibió el anatocismo, o sea el cobro de intereses sobre intereses; una drástica reducción de las tasas de interés, que fueron establecidas entre 0 y 5%; amplios períodos de gracia para iniciar los pagos de intereses y capital de determinadas deudas; la ampliación de los plazos para los pagos previstos; la posibilidad de realizar pagos anticipados en función de su desenvolvimiento económico. La forma de calcular el servicio se estableció a partir de la capacidad de pago de la economía alemana, la cual se vinculó con el avance del proceso de reconstrucción de ese país. El encargado de definir la capacidad de pago de Alemania fue el banquero Hermann J. Abs, quien presidía la delegación alemana en las negociaciones londinenses. En dicho Acuerdo ya se consideró la posibilidad de un sistema de arbitraje, al que, por cierto, nunca fue necesario recurrir dadas las ventajosas condiciones otorgadas.
El servicio de esta deuda, en concreto, estaba supeditado al excedente de exportaciones garantizado por los acreedores; así la relación servicio/exportaciones, que no debía superar el 5%, alcanzó su valor más alto en 1959 con un 4,2%, situación más que envidiable para los países latinoamericanos, que han destinado, por largos años, más del 30% de sus exportaciones al servicio de la deuda pública. Ecuador, para citar un caso puntual, sacrificó en el año 2000 un 42,7% de sus exportaciones por este motivo, mientras que para atender el servicio de la deuda externa total destino 100,9% de sus exportaciones...
Al igual que Alemania, en 1971, Indonesia, con la coordinación del mismo banquero alemán que dirigió las renegociaciones de la deuda alemana en 1953, se benefició de un acuerdo bastante similar. Pero es importante recordar que, entonces, no se quiso generalizar esta solución a la cual se le dio el carácter de única y que la alternativa brindada a ese país se explicaba por el deseo político de apoyar al gobierno que había “alejado la amenaza comunista”, asesinando a más de medio millón de personas... Tratamientos parecidos se repitieron años después con Polonia, para facilitar su recuperación económica luego de concluido el régimen comunista en los años 80; con Egipto, para asegurar su lealtad durante la gigantesca operación bélica de Washington y sus aliados en contra del Irak en 1991; y, con Pakistán, a fines del año 2001, en medio de la denominada “guerra contra el terrorismo”, cuando se necesitaba su apoyo para bombardear Afganistán...
En los casos mencionados llama la atención la acción de los acreedores, quienes fueron más eficientes en términos económicos y aún más humanos que el Banco Mundial, el FMI o el Club de París en la actualidad. Optaron por encontrar respuestas rápidas y profundas, sin preocuparse -por las presiones geopolíticas del momento- de asumir decisiones que bien pudieron haber servido de base para una nueva arquitectura financiera internacional.
Los alcances de una propuesta global
En este contexto, ante los sucesivos fracasos de los arreglos convencionales de la deuda, surgió hace ya una década en diversas partes del planeta la idea de un Tribunal Internacional de de Arbitraje de Deuda Soberana, para buscar una solución global y definitiva al problema recurrente del sobreendeudamiento externo y sus consecutivas crisis.
El punto medular de esta propuesta radica en diseñar y aplicar una solución que tenga en mente un enfoque global, no simplemente soluciones parche que en breve conducen a nuevas situaciones críticas. Para ello se debe incorporar a todas las categorías de deudores soberanos y de acreedores. Así, debe haber un tribunal dónde tanto los acreedores privados, como los tenedores de bonos, los gobiernos y los organismos multilaterales sean sujetos de un tratamiento homogéneo.
Con este fin debe existir una legislación internacional que no deje a ningún acreedor fuera de las negociaciones, es decir, que aquellos documentos que no se presenten a la fecha de las convocatorias de acreedores perderán vigencia y capacidad de cobranza. Eso debería de ser parte de una nueva jurisprudencia internacional para eliminar del todo a los free riders: especuladores que lucran de las crisis de deuda. Un requisito mínimo para comenzar el funcionamiento del Tribunal Internacional de Arbitraje Deuda Soberana es la inmediata disolución de todos aquellos grupos o instancias en donde los acreedores deciden unilateralmente la suerte de los deudores, como lo son el Club de París y del Club de Londres, en vista de su fracaso histórico para todas las partes. Ni resolvieron los problemas de pagos de los deudores, ni aseguraron a los acreedores la recuperación de su dinero.
En el campo cuantitativo tampoco habría grandes dificultades si al empezar se da paso a una masiva anulación de la deuda externa pública de los países con graves problemas de deuda. La salida pasa, entre otras cosas, por el establecimiento de un sistema sustentado en la legalidad y legitimidad, que conduzca a la aceptación de la corresponsabilidad por parte de los acreedores, y por la asunción de pérdidas por parte de éstos, que tampoco serán tan graves como para poner en riesgo el sistema económico mundial, pero que representarán acciones indispensables para poder enfrentar el acelerado proceso de empobrecimiento en el mundo.
Para conseguir estos beneficios ampliados, hay que seguir la recomendación del jurista italiano Sandro Schipani, quien sugiere instaurar
“principios de justicia por los cuales debemos ser gobernados, para buscar aquellos que eviten consecuencias que constituyan violaciones a los derechos humanos y de los pueblos, y afirmar nuevamente, con mayor certeza y estabilidad, tales reglas para la vida económica”. (2001)
Téngase presente que las inequidades en las relaciones entre acreedores y deudores han sido causantes de muchos de los problemas en los procesos de endeudamiento y de la propia incertidumbre financiera.
El complejo tema de la soberanía
El tema de la soberanía es un punto complejo. De hecho un país que se acoja a un tribunal de esta naturaleza estaría aparentemente aceptando su insolvencia, algo imposible porque los países no quiebran, como pretende el FMI.
El tema de la jurisdicción de los créditos merece ser incorporado en el análisis. Hoy rigen con frecuencia jurisdicciones extrañas a los países endeudados para normar sus endeudamientos externos; en el caso latinoamericano rige la jurisdicción de Nueva York o Londres, con el argumento de que se trata de contratos privados. Esta práctica produce, de facto, un recorte de la soberanía de los países endeudados. En suma, se aplican las leyes de los acreedores, dejando a los deudores expuestos a todo tipo de atropellos. Con el establecimiento de un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana se eliminarían aquellas situaciones en las cuales los acreedores directa o indirectamente son “juez y parte”, como sucede con el FMI, el Banco Mundial y en especial con el Club de París.
En el marco del Estado de Derecho, en donde funcionan adecuadamente las correspondientes instancias jurídicas, es imposible que alguien sea juez, asesor, consultor y ejecutor a la vez; son inimaginables situaciones donde la falta de transparencia y democracia esté a la orden del día. Entre el derecho del acreedor a recibir los pagos y el derecho del deudor a no ser forzado a cumplir un contrato que le conduce a una situación inhumana
, en cualquier país con un mínimo Estado de Derecho existe el principio de la protección del deudor para impedir que el servicio de la deuda afecte su dignidad humana. Esta protección no asoma en el campo del endeudamiento externo.
Ante el fracaso de los mecanismos existentes para enfrentar el tema del sobreendeudamiento, algunos funcionarios del gobierno norteamericano y del propio FMI -a la cabeza Ann Krueger, subdirectora del Fondo- llegaron a plantear en el año 2001 (mucho después de que se propuso el mencionado Tribunal Internacional de Arbitraje) una salida ordenada del problema a partir de la racionalidad de los acreedores y teniendo al FMI como portal de un procedimiento para procesar la insolvencia de los países deudores. A pesar de que no prosperó la propuesta de Krueger, esta iniciativa del FMI constituye una demostración de que las cosas no funcionan como se las viene instrumentando.
Con esta propuesta por fin el FMI parecería que hacía suya aquella recomendación que hiciera Adam Smith en 1776, en su libro clásico, cuando dijo que
“cuando un Estado se ve en la necesidad de declararse en quiebra, lo mismo que cuando un individuo se ve en tal necesidad, entonces una quiebra limpia, abierta y confesada es la medida que a la vez menos deshonra al deudor y menos perjudica al acreedor”.(1992)
Como hemos registrado constantemente, en los países empobrecidos por la deuda, aún cuando oficial y jurídicamente no es posible una situación de insolvencia, en la práctica se deja en la insolvencia a sus habitantes, deteriorando sus estructuras sociales, debilitando las prácticas democráticas y destrozando la naturaleza para tratar de cumplir con las imposiciones de los acreedores, alentados por el FMI y el Banco Mundial. Esto se repite en Grecia.
Perversa realidad: el Estado no llega a la insolvencia oficial o formal, sus sociedades muchas veces sí. Sin embargo, al aceptar la no insolvencia sin la existencia de un tribunal como el planteado brevemente en estas líneas, los países asumen pasivamente los ajustes fondomonetaristas y bancomundialistas para garantizar el pago de la deuda: no habría más alternativa que cumplir con los acreedores.
De los límites del arbitraje a un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana
La historia de los créditos muestra que siendo el crédito un contrato privado entre las partes, aunque estas sean públicas, el ámbito es privado. Es decir la jurisprudencia es privada y por esta razón los conflictos sobre impagos de bonos históricamente fueron tratados en el Tribunal Internacional de París.
Es decir, existen mecanismos que podrían ser mejorados y puestos al día o complementados. Si el tribunal de insolvencia planteado por el FMI es totalmente inaceptable, un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana debería ser el resultado de un acuerdo internacional suscrito por la mayoría del mundo, en el marco de código financiero internacional a ser cristalizado lo antes posible.
Pero antes recordemos que la discusión sobre un tribunal arbitral no es nueva. Kunibert Raffer (1990) propuso que este tribunal esté en un Estado neutral que no sea acreedor. Mientras Barry Eichengreen (2000) descartó la idea porque desde su visión los tribunales deben operar como los tribunales de quiebras en espacios nacionales. Según él hay que aclarar la cuestión política de si los acreedores estarían dispuestos a poner en manos de un tribunal mundial facultades tan formidables.
Nosotros proponemos que la neutralidad no sea del territorio en referencia al acreedor, ni dónde se establece el tribunal, sino del código jurídico. Los códigos jurídicos existentes hasta la fecha corresponden a la territorialidad de los acreedores por el tema de la ejecución de garantías. La neutralidad del código debe asegurar la protección de los deudores, sean los acreedores públicos o privados. Lo que se propone para evitar la figura de “tomar partido” es que la jurisprudencia del acreedor no sea la que se utilice sino una jurisprudencia internacional ampliamente aceptada.
El Tribunal no sería la primera instancia de negociación sino la última en un proceso de refinanciación de deudas. Una a la que se llega cuando las rigideces del sistema y de los instrumentos no permiten un reordenamiento de pagos y una revisión de la validez de los contratos, en un acuerdo amigable entre las partes. Por lo tanto, incluso se podría pensar en mecanismos de conciliación previos, cuya viabilidad podría asegurarse por la propia existencia (amenaza) del Tribunal en mención.
Una vez pactados los acuerdos de pagos, al mismo tiempo hay que pactar las condiciones de las mismas que tienen que estar vinculadas a los Derechos Dumanos y Derechos de la Naturaleza. El principio del nuevo acuerdo está basado en la justicia económica, por lo tanto, el concepto propuesto por Raffer (1997) lo mantenemos en que debe haber protecciones de los gastos sociales como hace el Capítulo 9 de la ley de quiebras municipales de los Estados Unidos.
Proponemos el establecimiento de cláusulas de contingencia en los instrumentos rígidos de créditos, con dos componentes: una cláusula para permitir refinanciarlos, y otra para compartir costos con los acreedores. Si históricamente se sabe que las caídas en los precios de las materias primas, el alza en las tasa de interés y el cierre del flujo crediticio es lo que precipita una crisis de pagos, se entiende que las crisis de deuda son en realidad crisis de ingresos que se expresan en una incapacidad, por falta de ingresos, de pagar deudas externas.
Una cláusula que explicite que en caso que los ingresos por exportaciones tuvieran una contracción por efecto de un problema ajeno a la economía nacional del deudor, se podría suspender el cobro de las deudas quizás sería una forma de evitar traumas críticos y al mismo tiempo abre la puerta la posibilidad de un retiro ordenado a tiempo. Evidentemente, si el gobierno deudor no quiere pactar la cláusula, no lo hará, es decir que siempre habrá grados de libertad para suspender los pagos o los cobros. Esta cláusula de contingencia posiblemente aumente el riesgo país y por tanto la prima de riesgo, con lo que será un incentivo para hacer un uso más restringido de los créditos externos y un aliciente para aplicar esquemas fiscales más equitativos.
Las causales de cesación de pagos deben quedar establecidas de forma que los casos de fuerza mayor sean tratados de un modo distinto que los casos de mala administración. En el comercio internacional existen cláusulas de salvaguardia en caso de incumplimiento que se ventilan en el Tribunal Internacional de Arbitraje por la Cámara Internacional de Comercio de París cuando se entra en disputa. Estas cláusulas tienen un criterio de fuerza mayor para los incumplimientos de contratos de entrega de bienes.
Hay que establecer en el código nuevo una cláusula de fuerza mayor que proteja al deudor de alzas bruscas en las tasas de interés internacional, de caídas imprevistas en los precios de los productos que el país exporta, de aquellos casos en los cuales la moneda de un país es sujeto de un ataque especulativo.
El segundo componente es la posibilidad de refinanciar la deuda haciendo uso de cláusulas de acción colectiva, que son aquellas por las que si una mayoría calificada de acreedores bonistas está dispuesta a sentarse a negociar un acuerdo de refinanciación, entonces el íntegro de los bonistas estaría representado. Es decir, ningún acreedor podría no quedar representado para evitar acciones como los efectuados por los fondos buitres y los beneficiarios libres. Con esto desaparece la figura de los fondos “buitre” como fue el caso del Elliot Fund con el gobierno peruano. La suspensión de pagos incluiría la capacidad de congelar los procesos judiciales en contra del deudor iniciado por los acreedores en conjunto o por cada uno separado, de manera de poder llevar a buen término las negociaciones. Al suspenderse los juicios se reducen las presiones de los acreedores por embargar la mayor cantidad de activos posibles del Estado, cuentas de bancos en el exterior u otros activos, que podría dificultar la marcha de la economía nacional del Estado deudor e impedirle así su recuperación pronta.
En suma, la condicionalidad utilizada en la resolución del problema debe girar en torno a la búsqueda de soluciones apegadas a la legalidad y legitimidad de las deudas; los derechos humanos y de la naturaleza; al superávit fiscal, sin afectar las inversiones sociales y la capacidad de recuperación del aparto productivo; al superávit comercial. En términos comerciales se espera que exista un superávit como condición mínima para servir la deuda. Como complemento se requiere de un esquema que estimule la compra de productos de los países endeudados por parte de los países acreedores.
Por otro lado, las rebajas en los saldos de la deuda deben ser directamente proporcionales a las restricciones comerciales de los acreedores. Es decir, a más barreras arancelarias en los países acreedores, más desendeudamiento de su parte.
Acogiéndose a estos principios, el Tribunal tendrá la misión de valorar las deudas y reconocer cuáles son legítimas y cuáles no, invalidando las que no lo son. El Tribunal tendrá la capacidad de suspender los cobros, la cesación de pagos o el standstill, y proteger los activos y los gastos definidos en el nuevo código financiero internacional, así como los derechos de los acreedores. Entre los rasgos saltantes de esta propuesta se encuentran la protección del gasto social, el standstill automático apenas se solicita la insolvencia, y la aprobación de la comunidad para la reestructuración de la deuda (Raffer 1990). La definición de comunidad en un crédito soberano puede ser ampliada a las aprobaciones de los Congresos y de la sociedad civil, para mantener la aprobación requerida por los parlamentos para una operación de crédito y añadirle la supervisión de la sociedad civil.
Dentro de los instrumentos el esquema del tribunal de arbitraje podría incorporara, a modo de referencia para su definición, lo acordado en el Acuerdo de Londres de la deuda alemana del 27 de febrero 1953, que -si bien nunca operó- tuvo cinco miembros, dos nombrados por los acreedores, dos por los deudores y un quinto por los cuatro árbitros.
Pero que quede absolutamente claro no tiene futuro un tribunal de arbitraje atrapado por la racionalidad fondomonetarista. Esto es por el manejo del caso por caso y, sobre todo, por la lógica de repuestas netamente financieras que no abordan los temas de fondo, pues se mantiene, entre otros elementos cuestionables, el desbalance jurídico al ser el Fondo también un acreedor.
En la práctica, al acogerse un país al Tribunal Internacional de Deuda Soberana se estaría protegiendo para sobrevivir. Con lo que, en poco tiempo, el país con problemas podría volver al mercado financiero internacional, realmente a un nuevo mercado financiero menos especulativo y no tan inequitativo. Esto exige, entonces, reducir la debilidad contractual de los países empobrecidos, sobre todo en el caso del endeudamiento externo. Y por cierto, todo esto debe procesar en el marco de otra política económica inspirada en los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza en términos muy amplios.
Hacia la constitución de un código financiero internacional
En paralelo a estas demandas es necesario que se establezca un nuevo y mejor sistema monetario y financiero internacional, lo cual no se resuelve con una simple reforma interna de las instituciones como el FMI y el mismo Banco Mundial. Se precisa un sistema que ayude a regular y normalizar otro proceso de globalización sobre bases de solidaridad y sustentabilidad. Dicho en otras palabras, es necesario que estos organismos vuelvan a sus orígenes en tanto instituciones especializadas de Naciones Unidas, una organización que debería estar basada en la cooperación internacional.
Dicha transformación es algo urgente, pues el FMI y el Banco Mundial funcionan como simples instrumentos y mandatarios de las grandes potencias y del gran capital, o sea de los acreedores. Por lo tanto, esta iniciativa no puede de ninguna manera ser instrumentada en el marco de las actuales instituciones de Bretton Woods, que deberían ser totalmente repensadas desde afuera.
El FMI es hoy quien aprueba las proyecciones de pagos, las compara con las proyecciones de la economía nacional cuya deuda está siendo reestructurada, y prueba su consistencia y sustentabilidad. Esta aprobación tiene consecuencias internas para el país deudor y también para el acreedor, inclusive si están mal realizadas. Sus recomendaciones son más que una obligación jurídica, por el peso de su coacción política se ha transformado en los verdaderos planes de gobierno de los países que buscan renegociar sus deudas o conseguir nuevos créditos en el mercado internacional. Por lo tanto, debe de instalarse un mecanismo de sanciones a las proyecciones erradas que precipitan a estos países a cesaciones de pagos por consideraciones erradas aprobadas por el FMI u otros organismos multilaterales de crédito. Esto moderará la actitud irresponsable que actualmente tienen estas instituciones frente a los problemas de las economías con las que trabaja. El FMI tiene como mandato la estabilidad de la economía internacional, y en ello debe poner todo su empeño.
Parte del problema de los países subdesarrollados o empobrecidos -y ahora de Grecia y de sus vecinos en el Mediterráneo- es que los organismos financieros internacionales serían inimputables y están por encima de todas las leyes y todos los controles. Esto es inaceptable en un mundo más integrado donde se propone la democracia como el sistema de gobierno. Los organismos internacionales deben rendirle cuentas a alguna instancia, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que a su vez podría servir para canalizar las demandas nacionales sobre estos. Deben crearse mecanismos internacionales e instancias de sanción a los organismos internacionales y sus funcionarios.
Si un nuevo FMI asume la tarea de controlador, debe ser la “sociedad civil” nacional e internacional en cada caso la que tenga capacidad de monitoreo del controlador; adicionalmente, el FMI debe rendirle cuentas a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre su marcha y sus avances con los países. Y por cierto ya es hora de diseñar y poner en marcha un Banco Central Mundial, para ordenar el caos financiero y monetario reinante, que constituye el caldo de cultivo para enormes ganancias especulativas y grandes sacrificios humanos.
En el marco de un código financiero internacional, hay que desarrollar diversos mecanismos de control de los flujos de capital a nivel internacional, como podrían ser la introducción del Impuesto Tobin y la desaparición de todos los paraísos fiscales.
En paralelo hay que fortalecer el reclamo de la deuda ecológica, en la cual los países subdesarrollados son los acreedores. Desde esta perspectiva y si se considera que la deuda externa financiera, en muchos casos, ya habría sido pagada, considerando además las deudas social, histórica y ecológica, la pregunta de fondo que surgiría es quién debe a quién.
La tarea, sin embargo, no se circunscribe en el ámbito de los reclamos. Se precisa construir una situación global de derecho y no simplemente alimentar con nuevos argumentos planteamientos justos en una lucha que muchas veces no pasa del nivel del discurso y la movilización. Por eso también es importante reconocer que en el mundo hay una creciente conciencia de que es indispensable buscar y diseñar salidas concretas que, en base a la acción política, logren cristalizar las respuestas indispensables.
Desde esta perspectiva, es preciso resaltar el potencial político de la propuesta para establecer un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana. La negativa a este justo reclamo ratifica el abuso que representa el manejo de la deuda por parte de los acreedores. La deuda debe dejar de ser un mecanismo de exacción de recursos desde los países pobres y de imposición de políticas desde los países ricos. La deuda ha sido y es, la historia y el presente lo demuestran hasta la saciedad, en términos de Karl von Clausewitz si hubiera abordado las finanzas y no la guerra, la continuación de la política con otros medios. Desde esta lógica la gestión de la deuda externa engarza con otro axioma del propio von Clausewitz, según el que la deuda es un acto de violencia cuyo objetivo es forzar al país deudor a hacer la voluntad de los acreedores a través de las renegociaciones y programas de ajuste estructural.
Vistas así las cosas, la deuda no sólo frena el desarrollo por su carga de obligaciones, sino que abre la puerta a las influencias y aún a la directa intervención de poderes extranjeros en los asuntos de los países empobrecidos. Entonces, cabe replantear las alternativas -reconociendo el carácter global del reto de la deuda externa-, que no pueden quedarse en simples acciones discursivas y menos aún en parches aislados e incluso cómplices con el poder financiero.
Un corolario de esto es que el derecho penal internacional debe de incorporar cláusulas de penalización a la corrupción de carácter internacional con castigos severos para todas las partes involucradas.
El reto de la solución de los conflictos sobre deuda externa impagable exige un redoblado esfuerzo político a escala global, que sume fuerzas en el Sur y en el Norte, a partir del respeto de las especificidades de los países. La tragedia griega en el siglo XXI debe convertirse en una oportunidad para el mundo. ¡No la desperdiciemos!
10 de mayo del 2010
* Oscar Ugartechees Economista peruano. Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM de México. Asesor de la Comisión Investigadora sobre los delitos cometidos en el periodo 1990-2001 en el Congreso de la República del Perú. Dirección electrónica: ougarteche@gmail.com
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* Alberto Acosta es Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) - Ecuador. Consultor internacional. Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador y asambleísta, 2007/2008. Dirección electrónica: alacosta48@yahoo.com
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[1] Ver en blogs.publico.es/multiplicateporcero, sábado 8 de mayo, 2010.
[2] Una mente privilegiada, el mayor especulador no encarcelado de todos los tiempos, procesado y nunca condenado por uso de información privilegiada, paladín de, por ejemplo, el ataque a la Société Générale francesa en 1988, el hundimiento planificado de la libra esterlina en 1992 (del que sacó limpios 1.000 millones de dólares) o, últimamente, la revalorización enorme del oro.” Ob. Cit.
[3] Pennsylvania, Michigan, Mississipi y Lousiana, en la segunda mitad del siglo XIX, repudiaron la deuda contratada con Gran Bretaña para realizar obras públicas, y se negaron a pagar principal e intereses.
[4] Este país repudió, al concluir la segunda guerra mundial, el pago de la deuda contraída con Argentina. Consiguiendo que este país sudamericano acepte posteriormente el pago en su propia moneda.
http://alainet.org/active/38038
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ALAI/12/05/2010

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